SANTO DOMINGO.— Una estructura integrada presuntamente por exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y otros prestadores habría utilizado información confidencial de afiliados para generar autorizaciones, falsificar reclamaciones y cobrar por servicios que nunca fueron solicitados ni recibidos.
Esa es una de las principales líneas de investigación que sustentan la Operación Cobra 2.0-A, ejecutada este viernes mediante 37 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y La Vega. El operativo dejó 28 personas arrestadas.
La magnitud del despliegue refleja el alcance que ha adquirido el expediente. En las intervenciones participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. La Dirección Nacional de Investigaciones también colaboró en las pesquisas bajo la coordinación del Ministerio Público.
Durante los allanamientos fueron ocupados vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo y otros bienes que serán sometidos a peritajes y procesos de trazabilidad. Hasta el momento, la Procuraduría General de la República no ha revelado el monto del efectivo ni el valor total de las propiedades decomisadas.
Datos reales para consultas inexistentes
La información divulgada sobre la orden judicial permite reconstruir un esquema que no se limitaba a presentar facturas alteradas. Los investigadores sostienen que empleados o exempleados de SeNaSa accedían a los datos personales y médicos de afiliados y seleccionaban, principalmente, a usuarios con poco historial de interacción con la aseguradora.
La elección no habría sido fortuita. Al utilizar los perfiles de personas que consultaban pocas veces sus registros médicos, el grupo reducía las posibilidades de que los afectados detectaran rápidamente cargos desconocidos.
Con esos datos se solicitaban autorizaciones para consultas especializadas, cirugías menores y otros procedimientos. Posteriormente, se preparaban formularios con diagnósticos, firmas y sellos destinados a dar apariencia de legalidad a servicios que, según el Ministerio Público, nunca fueron prestados.
Los expedientes eran procesados con códigos reales de prestadores de salud. Después de que SeNaSa realizaba el desembolso, algunos médicos habrían devuelto entre el 40 % y el 60 % del dinero recibido a integrantes de la estructura, mediante transferencias bancarias o entregas en efectivo.
Varias de las transferencias revisadas por los investigadores no contenían una descripción. Otras fueron registradas con conceptos que aparentaban corresponder a préstamos o compromisos personales, una práctica que el órgano persecutor interpreta como un intento de ocultar el origen y el propósito de los fondos.
Más de 4,300 autorizaciones bajo investigación
Una parte concreta del expediente abarca 4,363 autorizaciones médicas, generadas entre enero de 2021 y febrero de 2025, por un valor acumulado de RD$41,125,551.02.
Esta cifra corresponde únicamente al conjunto de autorizaciones identificado dentro de una de las líneas investigadas. El Ministerio Público sostiene que el entramado general habría causado pérdidas de miles de millones de pesos al Estado, aunque el monto definitivo deberá ser establecido durante el proceso judicial.
Las primeras alertas surgieron a partir de una denuncia presentada por SeNaSa en noviembre de 2024. Afiliados contactados por la institución desconocieron consultas, médicos y centros de salud que aparecían en sus historiales.
Algunos demostraron que, en las fechas en que supuestamente recibieron los servicios, se encontraban trabajando, permanecían en sus viviendas, estaban fuera de la ciudad o habían salido del país.
Los investigadores también remitieron formularios al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. De acuerdo con la documentación conocida, varios peritajes caligráficos determinaron que las firmas incluidas en las reclamaciones no coincidían con las de los afiliados.
Consultas ginecológicas cargadas a hombres
Entre las inconsistencias más llamativas figura la facturación de consultas ginecológicas a afiliados masculinos.
Una auditoría de SeNaSa detectó que varios hombres aparecían como receptores de una o más consultas de esa especialidad. Cuando fueron entrevistados, negaron haber solicitado o recibido las atenciones registradas.
Las revisiones también encontraron posibles duplicidades, procedimientos sin pertinencia médica y casos en los que el afiliado reconocía una consulta básica, pero no otros servicios adicionales cobrados con su identidad.
Para el Ministerio Público, estas anomalías no serían simples errores administrativos. Formarían parte de un método organizado para convertir información legítima de los asegurados en reclamaciones fraudulentas.
El rastro del dinero
La investigación ha seguido igualmente los movimientos financieros de personas señaladas como intermediarias entre los prestadores y los antiguos empleados de SeNaSa.
Una de las cuentas atribuidas a Ángel Luis Guzmán Vásquez, exempleado de la aseguradora y procesado desde la primera etapa del caso, habría recibido RD$27.3 millones en transferencias entre 2020 y 2025.
Al consolidar varias cuentas vinculadas al investigado, el Ministerio Público identificó créditos por RD$64.8 millones y débitos por RD$64.4 millones. Los movimientos contrastarían con los aproximadamente RD$1.45 millones que, según los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, recibió como ingresos salariales entre agosto de 2015 y octubre de 2022.
La acusación considera que esa diferencia y la rápida entrada y salida de dinero constituyen señales que deben ser examinadas dentro de la investigación por lavado de activos.
La pesquisa llega a médicos y farmacias
La primera fase de la Operación Cobra estuvo concentrada en antiguos funcionarios y personas relacionadas con la administración de SeNaSa. Entre los procesados se encuentra su exdirector, Santiago Hazim, señalado por el Ministerio Público como uno de los principales responsables del entramado.
Cobra 2.0-A desplaza ahora el foco hacia quienes habrían hecho posible la facturación desde el exterior de la institución: médicos, propietarios o ejecutivos de farmacias, prestadores de servicios y antiguos empleados con acceso a los sistemas internos.
El abogado Jorge Contreras informó que representa a siete cirujanos ortopedas detenidos durante el operativo. Según explicó, la mayoría presta servicios en establecimientos pertenecientes al Servicio Nacional de Salud y es investigada por presuntamente facturar procedimientos no realizados.
Las defensas han reclamado acceso completo a las imputaciones y sostienen que varios arrestados desconocían las razones específicas de los allanamientos. También han pedido que se determine individualmente la conducta atribuida a cada investigado y que no se establezca responsabilidad penal por simples vínculos familiares o profesionales.
Otras ramificaciones del expediente
La investigación general incluye otras modalidades de posible distracción de recursos, entre ellas el uso de recetas alteradas, sellos médicos falsificados, doble facturación y cobros por medicamentos que no habrían sido entregados.
En expedientes relacionados, el Ministerio Público también investiga la utilización de fundaciones para recibir o movilizar fondos, la creación de programas sin respaldo jurídico y la asignación irregular de salarios, viáticos, gastos de representación y reembolsos.
Otra línea de las pesquisas se refiere al uso de instalaciones del Instituto Oncológico Regional del Cibao para realizar presuntamente cirugías estéticas no autorizadas, así como a episodios de sabotaje informático y sustracción de archivos institucionales.
Estas actuaciones forman parte de diferentes ramificaciones del caso y no deben ser atribuidas automáticamente a la totalidad de las personas detenidas durante Cobra 2.0-A. La responsabilidad de cada imputado tendrá que ser establecida de manera individual ante los tribunales.
Acusaciones y próximos pasos
El Ministerio Público investiga posibles delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, acceso ilícito a sistemas y lavado de activos.
Los detenidos fueron trasladados bajo custodia mientras los fiscales completan la documentación que sustentará la solicitud de medidas de coerción. Será un juez de la instrucción quien determine si existen elementos suficientes para mantenerlos privados de libertad o imponerles otras medidas durante el avance de la investigación.
El expediente deberá establecer, además, cuáles de los bienes ocupados guardan relación con las operaciones investigadas y qué proporción del dinero pagado por SeNaSa puede ser recuperada.
La nueva fase coloca el caso en un terreno particularmente sensible. Los recursos presuntamente desviados estaban destinados a financiar servicios médicos de millones de afiliados, incluidos beneficiarios del Régimen Subsidiado que dependen directamente de la cobertura estatal.
El presidente Luis Abinader pidió que las investigaciones sean profundizadas y que toda persona contra la que existan méritos sea sometida a la justicia. Sin embargo, las imputaciones conocidas hasta ahora corresponden a la teoría del Ministerio Público. Los arrestados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial definitiva.
