El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, anunció este domingo una medida urgente: las compañías telefónicas tienen un plazo de 30 días para revisar y depurar sus registros de líneas móviles prepago. El objetivo es claro: eliminar aquellas SIM cards que no estén asociadas a una identidad verificada.
La medida, establecida mediante la Resolución 064-2025, también prohíbe la venta de chips sin antes registrar la cédula, pasaporte o carné de residencia del comprador, además de tomarle una fotografía. Esta disposición aplica a todos los puntos de venta del país.
Según explicó Gómez Mazara, se trata de una respuesta directa al uso de líneas anónimas para fines delictivos, incluyendo crímenes de alto impacto como el narcotráfico y el sicariato. “El problema no es el sistema prepago, sino que se ha convertido en una vía para operar fuera del radar de la ley”, aseguró durante una rueda de prensa.
Además, se establece que las empresas deben notificar a los usuarios para que validen sus líneas. De no hacerlo, estas podrían ser suspendidas hasta por dos meses y luego canceladas de forma definitiva.
Aunque no es la primera vez que se exige mayor control —ya en 2014 se prohibió la venta de chips en las calles— el incumplimiento persistente por parte de las telefónicas y revendedores ha obligado a reforzar las reglas.
“El que roba un celular y consigue una SIM anónima puede seguir delinquiendo sin dejar rastro. Eso se va a acabar”, advirtió el funcionario.
En los últimos 18 meses, se han reportado más de 54 mil celulares robados en el país. Además, cada mes se estima que ingresan al territorio nacional alrededor de 4 mil teléfonos sustraídos en el extranjero. Esto, en un contexto donde se activan cerca de 400 mil líneas móviles mensuales, en su mayoría vendidas de forma informal.
El titular del Indotel también denunció que existen centros comerciales donde se desarman y revenden equipos robados, alimentando una cadena de delitos que, según dijo, debe ser frenada con firmeza.
Las prestadoras que incumplan la nueva normativa podrían enfrentar sanciones y se coordinarán acciones conjuntas con el Ministerio Público para garantizar su aplicación.
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