Santo Domingo. El Senado de la República aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo procura incrementar las apropiaciones de gastos en RD$40,978.3 millones.
La iniciativa fue sancionada durante una sesión extraordinaria con 24 votos favorables y cuatro en contra. Tras su aprobación en la Cámara Alta, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, que deberá conocerlo antes de su eventual promulgación.
El Gobierno sostiene que la modificación presupuestaria responde a los cambios registrados durante el primer semestre del año, al comportamiento de las finanzas públicas y a la necesidad de garantizar la continuidad de servicios esenciales. También atribuye el reajuste a la volatilidad internacional, las alteraciones del comercio y las presiones sobre las cadenas de suministro.
De acuerdo con el proyecto, las estimaciones de ingresos del Gobierno central fueron actualizadas hasta alcanzar RD$1.383 billones. Los recursos adicionales serían dirigidos principalmente a inversión pública, prioridades institucionales, protección social y mantenimiento de bienes y servicios públicos.
La reformulación también contempla el uso de RD$21,147.4 millones correspondientes al balance neto disponible del ejercicio fiscal de 2025, especialmente para atender emergencias o situaciones de calamidad pública. Asimismo, incorpora autorizaciones relacionadas con proyectos de infraestructura hidráulica, transporte masivo, saneamiento, energía, seguridad hídrica, desarrollo agroforestal, modernización penitenciaria e infraestructura eléctrica.
Uno de los puntos que deberá ser observado durante el debate en la Cámara de Diputados es la solicitud de autorización para contratar préstamos por hasta US$4,354.5 millones. La propuesta también redistribuye recursos entre instituciones y contempla una reducción de RD$2,000 millones en la asignación del Ministerio de Educación.
El incremento del presupuesto ocurre, además, en momentos en que la ejecución del gasto de capital presenta resultados inferiores a los programados. Hasta el 10 de julio se había devengado aproximadamente el 40.6 % de los RD$215,284.7 millones originalmente destinados a inversión pública para este año.
Ese dato abre un debate político inevitable: no basta con aumentar las apropiaciones si las instituciones responsables no tienen capacidad para ejecutar los recursos dentro del período presupuestario. El Congreso debe examinar no solo cuánto dinero adicional solicita el Ejecutivo, sino también cuáles proyectos están preparados para recibirlo, qué cronogramas existen y cuáles mecanismos de supervisión serán aplicados.
La reformulación puede convertirse en una herramienta para dinamizar obras y proteger servicios esenciales, pero también aumenta la obligación de rendir cuentas. Una autorización presupuestaria expedita debe ir acompañada de información clara sobre los beneficiarios, las fuentes de financiamiento y los resultados esperados.
El paso por la Cámara de Diputados será decisivo para determinar si el proyecto recibe nuevas modificaciones o si continúa el trámite acelerado aplicado en el Senado.
