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El nuevo Código Penal incluye sanciones contra acoso escolar

Plan Internacional valora esfuerzos para penalizar esos abuso

Niña sufriendo de Bullyn escolar. Fuente externa.

El hostigamiento, intimidación o bullying, sostenido en contra de un niño, niña, adolescente o persona con discapacidad, que se desarrolla en el ámbito escolar o cualquier espacio, sería una nueva tipificación establecida en el Código Penal, de ser convertido en Ley el proyecto estudiado en la Cámara de Diputados.

Se considera el uso de la fuerza física, verbal, psicológica o social con el deseo y efecto de herir, amenazar o asustar de forma repetitiva y sostenida, lo que contempla sanciones con medidas socioeducativas determinadas por la autoridad competente, en el caso de que la víctima sea menor de edad o tenga alguna discapacidad, y que el responsable sea menor de edad.

En el caso de las personas mayores de 18 años que incurran en ese hostigamiento, el proyecto de ley propuesto plantea sancionarlo con pena desde un día a un año de prisión menor, y entre tres a seis salarios mínimos del sector público.

En el caso de reincidencia, sugiere que la sanción sea de uno a dos años de prisión menor. El hostigamiento e intimidación escolar se considerará agravado cuando lleven a la víctima al suicidio. Sería sancionado con dos a tres años de prisión, y una multa de 30 a 40 salarios mínimos del sector público, y medidas de seguimiento socio-judicial.

Plan Internacional

Al ser consultada sobre esas propuestas para sancionar el acoso escolar en el país, la directora de Plan Internacional en la República Dominicana, Virginia Saiz, valoró los esfuerzos realizados desde el Congreso Nacional para penalizar los comportamientos que hoy en día “están totalmente normalizados por la sociedad, y no se consideran un abuso”.Otros delitos

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El acoso, el acoso agravado y el acoso sexual, también, podrían ser penalizados en el Código Penal. Para el acoso proponen sanciones con uno a dos años de prisión menor, y una multa de uno a 10 salarios mínimos del sector público, así como medidas de seguimiento socio-judicial para el acoso.

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