El sector eléctrico arrastra deficiencias que se han acumulado por las últimas cinco décadas. Las coyunturas de shock externo aún impactan los costos y las tarifas del servicio, representando esto un escollo sobre las condiciones que deben ser creadas para viabilizar el desarrollo y la competitividad de la economía en nuestro país.
No es fácil calcular el daño, diagnosticar sus raíces sí. En la mayoría de los casos las tarifas no promueven la eficiencia en la cadena de suministro, ni cubren los costos reales; otras limitantes son los altos niveles de pérdidas, técnicas y no técnicas; los subsidios no focalizados; la proclividad al hurto; la alta dependencia de los derivados del petróleo; los altos precios de la compra de energía por parte de las distribuidoras y la debilidad de nuestras instituciones. Podríamos citar otras más que son detallas en el PNPSP.
Debemos reconocer que los últimos años los gobiernos han hecho un gran esfuerzo de gestión e inversión para focalizar los subsidios. Fortalecer la cultura de pago del servicio en la población es otro recurso en el que se ha enfatizado, procurando alcanzar su auto-sostenibilidad financiera.
Cuando se realizan esfuerzos para transparentar las gestiones en las distribuidoras, el espíritu de esas aspiraciones se encamina a la creación de un clima de negocios que sea favorable al desarrollo de las inversiones en este sector. Parte del resultado ha sido la diversificación de la matriz de generación y el aumento del uso del gas natural, lo que contribuye a mitigar el impacto de los precios del petróleo.
Consultando las fuentes disponibles en el MEPyD, nos encontramos con los indicadores y metas que el Estado ha establecido desde hace más de 10 años; buscando progresos sustantivos, las políticas y sus planes de acción se proponen asegurar el suministro de electricidad. Esto implica el abastecimiento de la demanda y con ello la eficiente distribución y comercialización.
La inversión en el sector es determinante. Los gobiernos que estén comprometidos con el fortalecimiento institucional deberán revisar y transparentar los métodos de cálculo del precio de los combustibles y el marco regulatorio, asegurando que sea ambientalmente sostenible en la cadena de suministro; promover la producción local y los biocombustibles, entre otras líneas estratégicas de acción.
Saldar una deuda social acumulada no es fácil, no obstante, si se tiene la suficiente voluntad política podremos seguir adelantando pasos, implementando medidas y políticas de producción prioritarias que permitan al Estado entregar el suministro de energía eficiente y ambientalmente sostenible.
