Santo Domingo. El debate sobre el nuevo Código Penal dominicano ha entrado en una fase decisiva luego de que el Poder Ejecutivo y representantes de los medios de comunicación acordaran promover modificaciones antes de la entrada en vigor de la legislación.
Las propuestas depositadas en el Congreso procuran revisar disposiciones relacionadas con la libertad de expresión, la protección del honor, la intimidad y la dignidad de las personas. El presidente Luis Abinader ha sostenido que el objetivo es encontrar un equilibrio que permita proteger los derechos individuales sin limitar indebidamente el trabajo periodístico.
La revisión comprende 18 artículos y también alcanza materias vinculadas con la protección de niños, niñas y adolescentes, la administración de justicia, la lucha contra la corrupción y el perfeccionamiento técnico de varios tipos penales.
El tema adquirió especial relevancia después de que periodistas, juristas y organizaciones sociales advirtieran que algunas disposiciones sobre difamación, injuria y difusión de contenidos podían producir efectos restrictivos sobre la prensa, la investigación periodística y la crítica pública.
El cuestionamiento no consiste en negar el derecho de una persona a proteger su reputación. El problema aparece cuando la legislación penal utiliza conceptos demasiado amplios o sanciones desproporcionadas que pueden ser aplicadas contra periodistas, ciudadanos o medios por publicar información de interés público.
En una democracia, la libertad de expresión no es absoluta. Tampoco lo son el honor ni la privacidad. Cuando estos derechos entran en conflicto, las normas deben ser suficientemente precisas para impedir que una sanción legítima contra una difamación comprobada se transforme en un instrumento de intimidación.
El Gobierno ha presentado el consenso alcanzado como una demostración de apertura. Sin embargo, la responsabilidad final recaerá sobre el Congreso, que deberá examinar la redacción definitiva y evitar que las modificaciones sean aprobadas únicamente por la presión del calendario.
La revisión también deberá distinguir entre una acusación falsa formulada con intención de causar daño y una información periodística obtenida mediante procedimientos responsables. No puede recibir el mismo tratamiento quien inventa deliberadamente una imputación que quien publica hechos sustentados en documentos, testimonios o investigaciones de interés colectivo.
La discusión se desarrolla en un contexto de creciente influencia de las redes sociales. La difusión inmediata de acusaciones, rumores y contenidos manipulados ha incrementado las demandas de protección del honor. Pero esa realidad tampoco justifica imponer controles excesivos sobre los medios profesionales o la crítica ciudadana.
El desafío del Congreso consiste en producir una legislación moderna, clara y previsible. Las disposiciones penales no deben depender de interpretaciones ambiguas ni permitir que el poder político utilice el sistema judicial para silenciar cuestionamientos.
La modificación del Código Penal representa una oportunidad para corregir problemas antes de que produzcan consecuencias. También será una prueba sobre la disposición del sistema político dominicano para construir acuerdos sin sacrificar derechos fundamentales.
