Hasta ayer no tenía intenciones de volver a escribirle presidente, no sobre el particular, no obstante; la gente sin argumentos es implacable a la hora de emitir juicios respecto de lo que no tienen la menor idea por el simple hecho de tener simpatía o vinculación con quien agrede, y confío en que esta sea una vía para aclararle a nuestros lectores.
El pasado domingo 10 de enero del presente año, para asegurarme de que usted se enterara de la violación de derechos fundamentales a la que estoy siendo sometida por un funcionario de su gobierno, el señor José Rijo Presbot, le envié mi primera carta y en la misma le explico una cronología de los hechos. Nos hemos tomado el tiempo de digitalizar el expediente completo, enviándoselo a su despacho oportunamente.
Para dar cumplimiento con lo que establece la Ley No.41-08 de función pública en su artículo 72 sobre los recursos a los que tiene derecho todo servidor público que ha sido separado de su cargo de manera injustificada o sin cumplimiento del debido proceso, el lunes 11 de enero elevamos un Recurso Jerárquico por No Conciliación al señor Ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, contentivo de los anexos: copia del Acto Administrativo 1281; copia Certificación No.0833; copia del nombramiento fijo No.0000263-19979-04/07/2011; copia de la resolución y registro ASP No. 176/2018-ASP/166/2018; copia de la Acción de Amparo No.531820TSA y el enlace de la grabación de la Comisión de Personal: Exp.C.P.DRL:040/2020;Zoom meeting ID 933 174 2142 donde a pesar de las recomendaciones del Ministerio de Administración Pública, indicándoles además, las violaciones a la Constitución y las Leyes que están cometiendo en mi perjuicio, ellos reiteraron la cancelación solicitando levantar el Acta de No Acuerdo. Está recibida con el No.MH-EXT-2021-000409.
No solo se trata de la violación a varios artículos de la Constitución y al Código Civil, respecto del perjuicio causado, el derecho a asociarse, incluso de expresarse, es un claro ejercicio de mobbing laboral. Cuando un superior haciendo uso de su poder hostiga, intimida, perturba a un empleado es acoso laboral y son prácticas que no deben normalizarse porque cuando se permiten presidente, con el mayor respeto le digo, el entorno se hace cómplice.
Mi caso no es el único, dos ex compañeros más de la DIGEPRES también emprendieron acciones legales en contra del señor Rijo y su administración, por situaciones similares.
La democracia se construye todos los días con las acciones que fortalecen el Estado y su ciudadanía, como servidora pública, periodista y mujer política, tengo el derecho a la crítica u oposición constructiva, la igualdad de oportunidades y a un proceso justo. Consciente de ello, he iniciado una demanda en reparación de daños por esta imprudencia. Solo así se logran precedentes que contribuyan a fomentar una «cultura de legalidad.»
