En la entrega anterior analizamos la figura del Fideicomiso público, dejando como inquietud el mandato de crear uno para la Policía Nacional. Esta institución, que constitucionalmente tiene la misión de prevenir y controlar los delitos, salvaguardar la seguridad ciudadana, mantener el orden público y perseguir e investigar las infracciones penales, es sin duda alguna, una entidad muy sensible del Estado.
Con el decreto 729-21 se procura mejorar la relación de la Policía con la ciudadanía, al menos, esto se argumenta. En el ánimo de que el Estado continúe impulsando el desarrollo de los agentes del orden y que estos puedan acceder a los recursos especializados que son indispensables para el logro de sus objetivos.
Se alega, además, que, de acuerdo con las características técnicas y operativas del fideicomiso, habilitan “una herramienta idónea para contribuir de forma ágil y eficiente al logro de las metas de transparencia, transformación y profesionalización de los policías.”
La inquietud que nos surge por estos argumentos, entre otras motivaciones, no nos parecen razones suficientes para justificar la captación y administración de los recursos; quedando en tono gris el papel del sector privado a través de “la vinculación, integración y colaboración activa de sectores relacionados con la seguridad ciudadana”, aun sean de alcance internacional.
Viendo con detalle sus articulados, nos detuvimos en el número cinco, sobre la duración. El compromiso es de treinta (30) años, que deberán ser contados partiendo de la fecha de suscripción del contrato constitutivo; vencido ese plazo, el Fideicomiso FTPN “se extinguirá y reintegrará el patrimonio fideicomitido al Estado dominicano en su calidad de Fideicomisario, salvo la prórroga expresa por decisión del fideicomitente.”
De acuerdo con el artículo seis del decreto, los recursos provenientes del presupuesto nacional destinados para el Fideicomiso serán transferidos a través del Ministerio de Interior y policía.
Los recursos líquidos que se incorporen a su patrimonio derivados de derechos y bienes, ganancias de capital, inversión y reinversión, intereses, rendimientos financieros; donativos a título gratuito y los demás ingresos o bienes que reciba por cualquier título legal, se integrarán con la autorización o no objeción del Comité Técnico.
Hasta aquí, parecería que luego de la creación del equipo de trabajo que realizó las recomendaciones para la profesionalización y transformación de la policía, el fin esencial es crear los mecanismos para implementar procesos y procedimientos de carácter operativo, a los fines de poner en marcha sistemas eficientes con resultados sostenibles.
No obstante, lo que se ve acentuado es la captación, gestión y administración de los recursos económicos; gestionando los procesos de compras y contrataciones públicas y la canalización de nuevas inversiones en la promoción de alianzas público-privadas.
El artículo siete expresa la integración del Comité Técnico, que está compuesto por el ministro de Interior y Policía en calidad de presidente; el ministro de la Presidencia en calidad de vicepresidente y tres personas del sector privado que serán designadas mediante decreto.
A simple vista se aprecia la ilusión del equilibrio, pues en términos reales y respecto de la actual administración de gobierno, el segundo al mando en este esquema tiene una vinculación directa con el sector privado. Es decir, al menos durante este período de gobierno, el sector privado tendría cuatro votos a su favor y el estatal solo uno, en la toma de decisiones del Fideicomiso FTPN.
En el Tomo 4 del documento que publica la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación en la ciudad de México, con enfoque especial en la Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas; la licenciada Sarahi Salvatierra Pineda dedica un capítulo completo al tema de los fideicomisos públicos, documento de referencia en el entendido de que esta figura aun es un reto para muchos países.
Las finanzas públicas a nivel global viven tiempos muy sensibles, en los que se hace necesaria la austeridad y el recorte del gasto, por ello compartimos la preocupación de que “los recursos, incluso los involucrados en entidades privadas puedan escapar del escrutinio social.”
Entiéndase que estoy a favor de las alianzas en las que las reglas del juego son preclaras, estas son necesarias para el desarrollo de proyectos que el Estado no puede asumir totalmente; también a favor de algunos fideicomisos, los del área inmobiliaria particularmente funcionan muy bien. Lo que jamás defenderé son los actos que debiliten la institucionalidad.
Desinstitucionalizar la policía sí disminuye su calidad; hacerlo para que el empresariado obtenga beneficios inmediatos es sumamente preocupante. Se trata de una traición al país.
