La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, denunció que está siendo víctima de amenazas y un chantaje vía WhatsApp, de parte de una persona que asegura estar relacionada con Quirino Ernesto Paulino Castillo.
De acuerdo con su denuncia, la persona le indica en mensajes que Paulino Castillo manda a cobrarle 13 millones de pesos que alegadamente le entregó en el 2005, así como a un juez de la Suprema Corte de Justicia (fallecido) y a otras personas, para evitar la extradición hacia Estados Unidos.
Así lo hace saber Ramos Castillo, en un informe enviado a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y al Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, el 14 de abril pasado.
Cuatro días después de ese informe, Paulino Castillo acudió a la sede de la Procuraduría General de la República, sin que trascendieran los motivos de la visita.
La fiscal Ramos Castillo explica en el informe que la persona le indica en mensajes vía WhatsApp que de los 13 millones, devuelva cuatro millones, con carácter urgente y que sean llevados de forma física a la oficina de un dealer, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres de la capital.
Sostiene que ese mensaje establece que el dinero sea entregado al hermano de Quirino, Danilo Paulino Castillo, y que de lo contrario utilizarían otros métodos que no conlleva comunicación.
“Feliz días y estamos dispuestos a cobrarle en el terreno y en la condición que usted entienda iniciando con el diálogo”, señala la fiscal que indica uno de los mensajes.
La magistrada precisa que el primer mensaje lo recibió de un número de teléfono desconocido para ella y de una persona que se identificó como Manuel, a quien decidió bloquear porque insistía en el pago de la deuda, pese a que le indicó que siempre se maneja en el sistema formal financiero.
Explica que, al bloquearlo, esa persona decidió luego escribirle desde otro número telefónico. “Debido a lo antes indicado, igual que (en la) ocasión anterior, procedí a bloquear este número desconocido también”, refiere Ramos Castillo en la comunicación enviada a Germán Brito, Berenice Reynoso y Sepúlveda.
Dice que esa persona apeló a un tercer número telefónico para seguir enviando mensajes amenazantes, con la advertencia de que tenía un plazo de 72 horas para atender sus exigencias de pago.
Los tres números telefónicos que cita la magistrada tienen códigos de área del exterior.
En el informe, Ramos Castillo dijo esperar que se investigue a profundidad la procedencia de esos mensajes y para que se preserve su “integridad física y la de su familia”, toda vez que dice estar en riesgo.
La fiscal relata en la misiva que interpuso la denuncia el pasado 13 de abril, en el Departamento de Sistema de Atención de esta jurisdicción, a los fines que se proceda a realizar una investigación exhaustiva respecto a la procedencia de los mensajes que ha recibido vía de WhatsApp.
Señaló que la persona que le ha estado escribiendo indica su vinculación con Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien estuvo en un expediente penal en la jurisdicción de Santo Domingo Oeste, por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y a la Ley de lavado de activos.
La fiscal Ramos Castillo aclaró que cuando el proceso de Paulino Castillo se investigó y se conoció en el 2005, ella no era representante del ministerio público.
Precisa, además, que esa misma persona asegura haber conversado con ella personalmente en el 2016, en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
Sin embargo, aclara que asumió como Fiscal Titular del Distrito Nacional interina en el año 2017, por lo que todas sus aseveraciones resultan ser una falacia, carente de todo fundamento.
Proceso de Quirino
Quirino Ernesto Paulino Castillo es un empresario y ex capitán del ejército de la República Dominicana, y el jefe de una organización de tráfico de drogas responsable de la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos hasta septiembre de 2003.
En 2004, Paulino Castillo fue detenido en el país por un cargamento de 1,387 kilos de cocaína, el cual era transportada hacía la zona Norte del país.
El 18 de diciembre de 2004, se detuvo y descubrió el camión que contenía la referida cocaína, valorada en 30 millones de dólares, alegadamente procedente de Colombia.
El camión provenía de la región sur del país, y se dirigía a la industrial región norte, a donde iba a ser procesada y enviada a su destino final, los Estados Unidos.
El conductor del camión Tirso Cuevas Nin junto al ex coronel Lidio Arturo Nin Terrero, este último se desempeñaba como jefe de la cárcel de máxima seguridad de Azua quien al momento de su arresto, se trasladaba en la camioneta Daihatsu.
Los dos fueron interceptados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Nin Terrero declaró ser sólo un pasajero y que no sabía lo que había en la camioneta.
El 1 de febrero de 2005, se inició el proceso de extradición de Paulino Castillo, en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, quien tras acoger el pedido del Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, lo entregó a los Estados Unidos.
El juicio contra Paulino Castillo y otras personas acusadas de tráfico de drogas en Nueva York, dio inicio en septiembre de 2008.
En enero de 2009, Paulino Castillo admitió su culpabilidad y fue condenado a 10 años de prisión por los cargos de lavado y narcotráfico internacional, en el distrito sur de la ciudad de Nueva York por la jueza Kimba Wood.