Uno de los problemas nacionales que amerita ser abordado sin dilación es la necesaria modificación de la Ley de Seguridad Social.
Del tema se viene hablando desde hace años, pero la clase politica dominicana no se ha dedicido a afrontar de manera concreta y seria este problema.
Dos son las principales preocupaciones de la gente. Una son las limitaciones de las coberturas de salud y la otra son las expectativas negativas sobre el nivel de las pensiones que los dominicanos van a recibir.
Para nadie es un secreto que las Administradoras de Riesgo de Salud tienen una cobertura limitada y que las familias de clase media afiliadas a seguros privados son desangradas, o endeudadas hasta el límite, cuando tienen que afrontar alguna enfermedad grave de uno de sus miembros.
Mientras el gobierno anuncia la mejoría del Seguro Nacional de Salud (SENASA), el negocio privado de la salud, supuestamente más “eficiente” que el público, se ha quedado muy atrás en materia de cobertura. Es decir, quien tiene un seguro privado de salud muchas veces está en peores condiciones, en el caso de un evento de salud, que aquellos incluso registrado en el SENASA subsidiado.
En ese sentido, el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene que adoptar decisiones que obliguen a las ARS a aumentar las coberturas de salud, para que la protección de la salud de los dominicanos y dominicanas sea eficaz, amplia y segura.
El otro problema es el del sistema de pensiones. Se sabe que las AFP no podrán otorgar una pensión digna a sus afiliados, porque la denominada “tasa de reemplazo” no va a permitir que los jubilados puedan satisfacer sus principales necesidades.
Los dominicanos copiamos el modelo chileno de privatización de las pensiones, a través de las cuentas de capitalización individual. Y, al igual que en ese país sudamericano, al final de la vida laboral, los dominicanos no van a recibir una pensión que les permita vivir dignamente, como tampoco ha ocurrido en Chile.
Se afirma que las bajas pensiones que recibirán los dominicanos guardan relación con las altas ganancias de las AFP, lo cual no deja de ser cierto. Pero también se afirma que las contribuciones a las cuentas de capitalización, por parte de empleados y patronos, son modestas y que, por ello, no pueden arrojar, al cabo de treinta años de cotizaciones, una pensión adecuada.
Hay quienes han planteado que las contribuciones de patronos y empleados deben aumentar y que del mismo modo debería aumentarse la cantidad de años de cotizaciones. Pero esto implicaría reducir el nivel de salario efectivo de los empleados, recargar más a las empresas, e implicaría que los dominicanos deberán esperar la edad de 65 años para jubilarse y recibir una pensión.
La solución a ambos problemas tiene que congregar a todas las fuerzas políticas y a los grupos económicos de la nación. Encararlos es inaplazable. Hay que comenzar ya. Y tener en cuenta que, probablemente, para garantizar la sostenibilidad del sistema en su conjunto, el proceso deberá ser gradual. Pero, mientras más temprano se comience, los ajustes, cargas y sacrificios tenderán a ser menos onerosos y más tolerables.
