Desencantados ante el caos político que prevalece desde hace meses, los haitianos enfrentan desde el inicio de la semana una degradación acelerada de sus condiciones de vida por culpa de las pandillas que controlan el acceso de las terminales petroleras.
“Estamos (…) racionando el agua en mi casa”, relata una atemorizada Daphné Bourgoin, de 42 años. “Y para mis hijos que tienen clases en línea, ¿hasta cuándo va a durar internet?”, se pregunta esta jefa de una empresa textil obligada a cerrar desde el lunes.
Este país caribeño nunca produjo suficiente energía eléctrica para responder a las necesidades del conjunto de su población y, aun en los barrios más acomodados de Puerto Príncipe, la empresa pública de electricidad solo asegura una entrega máxima durante unas pocas horas por día.
Los que pueden adquieren generadores: equipos costosos hoy inútiles ante la grave escasez de combustible provocada por las bandas armadas.
La falta de diésel impide también a las empresas privadas asegurar la entrega de agua en camiones.
Como para la electricidad, los habitantes construyeron en sus domicilios sistemas autónomos para el agua, ya que la red de tuberías no cubre el conjunto del área metropolitana.
Sin ningún abastecimiento privilegiado, las estructuras hospitalarias se ven forzadas a reducir drásticamente su actividad.
“No hay electricidad en el hospital para hacer funcionar los aparatos, no hay combustible, no hay nada”, dice en creole Rachilde Joseph, estudiante de medicina en Puerto Príncipe. Esta mujer de 26 años, que se dio a conocer por publicar videos humorísticos en las redes sociales, hoy no tiene ganas de reír.
“Quisiéramos quedarnos en el país para ofrecer cuidados, sobre todo a la gente en provincia que los necesita tanto, pero el país no nos da esa oportunidad”, lamenta, antes de agregar que Haití “va lastimosamente a terminar por perder todos sus jóvenes”.
Los habitantes de Dajabón tienen que hacer filas hasta de tres horas en las estaciones de combustibles para abastecerse, debido a que la demanda se ha incrementado a raíz de la crisis haitiana. Así lo dieron a conocer ayer los alcaldes de Dajabón, Santiago Riverón, y el de Restauración, Euclides Valerio, quienes fueron entrevistados en los pasillos del Palacio Nacional a su salida del despacho del ministro administrativo, José Ignacio Paliza.
Mientras que ayer llegaron más militares a reforzar la frontera en la zona de Dajabón, dada la situación de conflicto que se vive en Haití y la escasez de combustibles.
El director de Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront), general Frank Mauricio Cabrera Rizek, dijo que está prohibido vender gasolina a los haitianos en garrafones, solo se les permite abastecerse en vehículos.
Riverón informó que la situación es creada por el tráfico de combustible hacia el vecino país, para lo cual se valen de diversas artimañas, como lanzar barricas llenas al río donde luego son recogidas por los clientes de Haití.
“Hay mucho contrabando también, porque el combustible se está tirando por las orillas del río Masacre. Los militares están haciendo su trabajo, pero esa frontera es muy porosa”, expresó Riverón.
Explicó que el sector agrícola es el más golpeado por la situación, porque los productores ya no pueden comprar gasolina para cargar sus equipos de trabajo, porque los guardias les los apresan y les incautan las vasijas.
“Esto nos está creando serios problemas, porque para los haitianos el combustible es apetecible, ya que en su país un galón de gasolina cuesta casi 700 pesos”, agregó.
“La frontera por la zona de Dajabón está muy tensa ahora mismo, por la situación que vive Haití, sobre todo por la escases de combustible en ese país, entonces cientos de motores cruzan la frontera para abastecerse. Este es el motivo por el cual los dominicanos tenemos que hacer fila de dos y tres horas para recargar”, dijo el alcalde Riverón.
Una de las bandas armadas más poderosas de Haití reclama 17 millones de dólares para liberar a un grupo de misioneros estadounidenses y un canadiense secuestrados el 16 de octubre al este de la capital.
Ariel Henry, nombrado primer ministro dos días antes del magnicidio, dirige hoy el país de forma interina, pero guarda silencio ante el empoderamiento de las pandillas en Puerto Príncipe, que paraliza toda actividad e impide el aprovisionamiento seguro de combustible.
“El gobierno, que solo existe en el papel, no controla nada, ni siquiera el perímetro de sus edificios”, indica a la AFP el economista Etzer Emile, para quien “la crisis de combustible es el último ejemplo de un Estado fallido”.
“Los dueños de nuestro destino y los que deciden de nuestra vida ya no están en el Palacio Nacional, como fue el caso bajo la dictadura Duvalier: ahora son las pandillas armadas”, resume Etzer Emile.
