Lograr una producción integrada y que sea competitiva a la economía global ha enfrentado desafíos importantes respecto del aparato productivo nacional, con mayor efecto en los sectores que están estrechamente vinculados en los mercados externos de las actividades agroproductivas y manufactureras.
Por tratarse de dos áreas muy sensibles del Estado, durante décadas se han implementado estrategias para diseñar y aplicar herramientas que respalden el tránsito de las empresas nacionales hacia la mayor capacidad exportadora, refiriendo siempre la inducción de estas a fomentar la cultura de calidad.
Los últimos veinte años nuestra economía ha experimentado un proceso continuo de apertura hacia el exterior, no obstante, a pesar de los grandes esfuerzos, incluso normativos y reglamentarios, exceptuando a los parques industriales de empresas que se dedican a la exportación; y a las que se les crearon condiciones excepcionales, el mercado local ha mostrado una tímida vocación exportadora manteniendo su tradicional enfoque hacia los mercados internos.
Un sector importante de las unidades productivas del país, por su limitado alcance, no dispone de los recursos para introducirse en los demandantes mercados externos.
Mirando hacia el sector manufacturero, recordemos que este ha sido el articulador por excelencia en su conjunto de la producción nacional, aportando al crecimiento sostenido y a la creación de empleos decentes, resultados que fueron visualizados como alta prioridad en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
En ciclos como los que vive el país, propio de la crisis post pandemia, es determinante aprovechar las potencialidades que ofrece la agricultura nacional para garantizar la seguridad alimentaria, aumentar el ingreso y expandir las exportaciones, porque a consecuencia de esto, podremos elevar los niveles de bienestar de las familias en el campo y desarrollar el país.
Para elevar la competitividad, productividad, sostenibilidad financiera y ambiental nuestro país requiere desarrollar programas que faciliten el acceso real a los financiamientos competitivos y oportunos de las exportaciones, incrementando los seguros de crédito para las mismas.
Las instancias de coordinación institucional que han sido delegadas para elevar la efectividad de las iniciativas que se proponen implementar los gobiernos, tienen la responsabilidad de monitorear y consolidar la red de acuerdos y tratados comerciales suscritos por la República Dominicana; así se evalúa los potenciales de aplicación para mejor aprovechamiento de los sectores productivos.
Afortunadamente aquí tenemos técnicos especializados en prospección de los mercados y segmentos objetivos a desarrollar, que fueron capacitados en organismos como la FAO, instruyéndose en priorizar los bienes y servicios exportables en los que el país lleva ventaja. De ahí el respeto por el trabajo técnico.
Para evitar reacciones sociales que afecten la gobernabilidad, sobre todo, las relacionadas con el precio o disponibilidad de los alimentos básicos, es imperativo que la gestión pública tenga un enfoque de la producción nacional competitivamente integrada.
