En la gobernanza pública se reconoce como tercer sector a un conjunto de iniciativas muy diversas, en el que sus promotores y gestores no siempre persiguen un lucro económico directo, sino un impacto social, cultural, político, ideológico y de investigación. En ellos se incluye no solo a los partidos políticos, también los sindicatos, iglesias, clubes deportivos, organizaciones no gubernamentales hoy llamadas ASFL y cámaras de comercio; todas de variada personería jurídica.
El papel de este tipo de agrupaciones es muy importante en la economía, no solo por la creación de empleos, sino por su valor añadido, que contribuye al elemento más esencial para los gobiernos, la confianza. Su defensa a los intereses colectivos es lo que da cause a las reivindicaciones de forma ordenada.
Uno de sus ejes centrales lo es sin dudas la lucha por la libertad y los derechos individuales, que resulta tan antigua como el primer día que la clase privilegiada estableció la ciudad-Estado como una organización jurídico-político-militar en el señalado lugar de Mesopotamia, en el siglo III antes de Cristo, según revelan los historiadores.
El fortalecimiento del tercer sector es lo que ha logrado que al día de hoy la ciudadanía sea mucho más crítica, y se levante contra la persecución política y todas sus actividades delictivas, el fusilamiento moral, la corrupción administrativa y la impunidad. La gente ya no tolera las mordazas a la libertad de opinión.
Un ejercicio de ciudadanía es evaluar a quienes aspiran dirigir el Estado prometiendo fomentar una “cultura de honestidad”, asegurando que “quien te daña no es la política sino la cuna”, promoviendo “códigos de ética” y el “fortalecimiento del sistema judicial”, para hacer todo lo contrario.
La sociedad se fortalece cuando sus contribuyentes se convierten en veedores de los recursos públicos, logrando que se respete la Ley de Compras y Contrataciones y los procedimientos de la Cuenta Única del Tesoro. Mejorar los niveles de transparencia requiere de una férrea voluntad política.
Para enterrar las etiquetas de “evasor” o “ladrón” lo imperativo es hacer respetar las reglas del juego y que sus violaciones tengan las sanciones previstas en la Constitución y las leyes. A muchos políticos les gusta la comparación con los países nórdicos si se habla de transparencia, pero nombran familiares y allegados para hacer negocios con el Estado.
Si de algo estamos seguros es de que no es apropiado politizar la corrupción o las violaciones a las libertades públicas, porque en nuestro país todo será distinto “solo cuando se decida a combatir la corrupción desde la voluntad colectiva.”
