La serie Manuales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, han sido documentos de referencia y estudio durante muchos años, pues para incluir los “números” de inversión pública en la formulación del Presupuesto General del Estado se debe tener conocimiento de los proyectos, programación e inversiones. La visión integral de estos temas es fundamental para el alcance de las metas que se proponen los gobiernos cada cuatro años.
Es reconocido por todos que los proyectos de inversión generan múltiples efectos, algunos relevantes para el Estado, los organismos financiadores y la sociedad misma. La disciplina que busca evaluar y medir el conjunto total de esos efectos es la evaluación social de proyectos; en ella se definen las metodologías para realizar los análisis costo-beneficio de amplio enfoque, logrando circunscribirlos a todos, no solo al impulsor directo del proyecto u obra.
Desde esta perspectiva, la forma en la que contemplamos los proyectos tiene dos dimensiones principales; aquellos que la inversión estatal no considera relevantes y los que hacen referencia a la corrección de precios como forma de captar el valor que la ciudadanía otorga a los bienes y servicios entregables o demandables del proyecto, si este fuera diferente al valor que se ha establecido en el mercado privado.
La evaluación social, también llamada evaluación económica de proyectos, evidentemente es más amplia que la privada; donde la óptica privada prioriza los aspectos financieros, la evaluación social puntualiza respecto de las características económicas. Todo esto en el entendido de que afectan la distribución de los recursos y la generación de riqueza, ignorando así la generación de un flujo de fondos, o los beneficiarios de estos.
Al intentar evaluar los proyectos desde el punto de vista de la sociedad, se entiende que el enfoque social es agregado; su impacto, bien sea positivo o negativo, resulta en la suma de los impactos que reciben todos los sectores involucrados. Si la suma neta resulta positiva, entonces el proyecto es socialmente conveniente. Para que sea más comprensible; el enfoque social es de totalidad, orientado a decisiones finales que tienen como base el bien colectivo.
En todos los proyectos es necesarios tener bien claros los objetivos, la pauta de deseabilidad con la que contrastar el impacto y alternativas de este. El punto sería que se considerara definir una función objetivo social, de bienestar, que incluya no solo la riqueza, también la distribución; se reconoce que la función objetivo nos sirve para representar las preferencias entre los estados alternativos de la economía.
Los últimos 25 años nuestro país se ha fortalecido en materia de inversión pública y el desarrollo de proyectos, incluso con aquellos que son de arrastre y se proyectan en la plurianualidad presupuestaria. Mirar hacia la evaluación social de los mismos también es importante en tiempos de crisis.
