En países como el nuestro el estricto apego a la ley y el orden por parte de los ciudadanos, es la vía idónea para facilitar el acceso a mejores oportunidades, no solo respecto de la participación ciudadana, sino, del disfrute de la vida en democracia y la seguridad patrimonial.
Consolidar el Estado de derecho, es fundamental para el desarrollo del país. Con él se genera la confianza necesaria en las instituciones, en las leyes que rigen la convivencia y las autoridades que nos dirigen; esa confianza será el resultado de la calidad de sus actuaciones ante la colectividad.
República Dominicana esta compelida a avanzar en la construcción de una cultura ciudadana que promueva el conocimiento y cumplimiento de las leyes.
Indudablemente que los gobiernos de las últimas décadas han realizado grandes esfuerzos para que las multicausales que han dado origen al incremento de la violencia y delincuencia, sean combatidos también desde las familias. Para que los planes y propuestas funcionen se necesita el concurso de todos, asumiendo el compromiso para que nuestros jóvenes permanezcan en la formación educativa.
Cuando afirmamos que la seguridad ciudadana y el imperio de la ley van de la mano, es porque para alcanzarlos se debe sancionar su incumplimiento, construyendo un clima de seguridad. Establecer protocolos unificados; implementar un sistema de información respecto de las políticas de Estado contra la criminalidad, y dar continuidad al acondicionamiento sobre los nuevos modelos de gestión penitenciaria es una materia pendiente.
En el ámbito de la inversión pública la relevancia aun la tiene la atención a las victimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. Articular mecanismos institucionales que faciliten a la ciudadanía el acceso a la jurisdicción institucional, de acuerdo con el compromiso que asumimos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, es determinante, para exigir la sujeción a la Constitución de todas las personas que ejercen potestades públicas, garantizando la tutela efectiva de los derechos fundamentales.
Deberemos avanzar en la creación de procedimientos, mecanismos y sistemas de registro, que garanticen su legalidad y el monitoreo por parte de la ciudadanía. Impulsar la policía comunitaria; los sistemas de control interno; profesionalizar y fortalecer el enfoque de género; los sistemas integrales de denuncias, atención y protección de las victimas y la eficacia de su contribución al sistema de justicia.
Si los ciudadanos apoyamos las medidas que se quieren implementar, en el mediano y largo plazo es posible conseguir reducir la criminalidad, fortalecer la capacidad de acción preventiva, ampliar la cobertura de seguridad en nuestros barrios y una mejora considerable en la capacidad de respuesta policial.
