Santo Domingo.- El estreno de “LA Agenda Semanal” cambia la relación comunicacional entre el presidente Luis Abinader, sus funcionarios y los medios. El Gobierno defiende el modelo como una ventana para mostrar la gestión desde dentro, pero la desaparición del careo abierto de los lunes plantea una pregunta inevitable: ¿estamos ante una modernización de la comunicación oficial o ante el reconocimiento de que responder sin conocer las preguntas se había convertido en un riesgo político?
Durante más de dos años hubo una escena que terminó incorporándose a la rutina política de nuestro país: los lunes, periodistas de distintos medios acudían al Palacio Nacional, esperaban su turno y, cuando les correspondía, podían colocar al presidente Luis Abinader frente a una pregunta que su equipo de comunicación no necesariamente conocía de antemano. Era LA Semanal con la Prensa, un formato iniciado en 2023 y presentado por el propio Gobierno como un ejercicio de transparencia y comunicación directa.
No era un mecanismo perfecto ni todos los asistentes podían preguntar. El tiempo obligaba a limitar las intervenciones y en más de una ocasión se cuestionó la calidad de algunas preguntas, pero existía un elemento difícil de sustituir: la posibilidad de la sorpresa. Un periodista podía llegar interesado en economía, mientras otro llevaba una pregunta sobre seguridad, migración, corrupción, salud, educación, contrataciones públicas o cualquier controversia surgida horas antes. El presidente podía responder bien, mal, parcialmente o incluso evitar determinados asuntos, pero la pregunta ya había sido pronunciada frente a las cámaras y quedaba registrada ante la opinión pública.
Ese modelo ha sido sustituido por LA Agenda Semanal, una modalidad radicalmente distinta en su concepción inicial. Ya no se trata principalmente de periodistas interrogando al presidente, sino del mandatario encabezando una reunión ejecutiva con ministros, directores y funcionarios para revisar un área determinada de la administración pública. Presidencia sostiene que el propósito es permitir que la ciudadanía observe cómo Abinader supervisa políticas públicas, revisa resultados, identifica obstáculos y coordina soluciones con sus funcionarios.
La idea puede resultar atractiva desde el punto de vista de la gestión pública, porque permite observar una parte del funcionamiento interno del Gobierno que normalmente permanece fuera de las cámaras. Sin embargo, también abre una discusión que va mucho más allá del simple cambio de nombre de un programa: ¿quién determina ahora las preguntas, los temas y los límites de la conversación pública?
El Gobierno pasó de responder la agenda a construirla
La diferencia entre ambos formatos parece sencilla, pero políticamente es enorme. En LA Semanal con la Prensa, el Gobierno podía escoger el tema de apertura, preparar estadísticas, presentar proyectos y desarrollar la narrativa que considerara conveniente. Una vez concluida esa exposición comenzaba otra etapa, la de las preguntas, y desde ese momento el control dejaba de ser absoluto.
Con LA Agenda Semanal, el poder de organizar la conversación aumenta considerablemente. El Gobierno decide el tema que será tratado, los funcionarios convocados y los asuntos administrativos que se colocarán sobre la mesa. En la primera entrega, dedicada a educación y al comienzo del año escolar 2026-2027, Abinader asumió incluso una función diferente: en lugar de ser principalmente interrogado, pasó a interrogar públicamente a miembros de su propio Gobierno.
La modalidad inicial fue desarrollada sin periodistas presentes físicamente en el salón. La Dirección de Prensa informó que los medios podían remitir preguntas o plantearlas durante la transmisión por streaming, correspondiendo al mandatario formularlas a los funcionarios. Ese detalle no es menor, porque entre un periodista preguntando directamente a un ministro y el presidente leyendo o reformulando una pregunta existe una diferencia periodística fundamental.
La primera modalidad permite repreguntar, precisar, reaccionar ante una evasiva y aprovechar una respuesta inesperada. La segunda convierte el cuestionamiento en parte de un procedimiento institucional. No significa automáticamente censura, pero sí significa un mayor nivel de control sobre la dinámica del intercambio.
La pregunta que llega preparada nunca es igual a la que surge de una respuesta
En periodismo muchas veces la información más importante no se encuentra en la primera pregunta, sino en la segunda. Un funcionario responde algo inesperado, el periodista detecta una contradicción, recuerda un documento, identifica que una cifra no coincide con otra divulgada anteriormente y pregunta inmediatamente. Allí aparece muchas veces la verdadera noticia.
Una pregunta enviada previamente puede ser excelente, pero pierde buena parte de esa capacidad de reacción. También desaparece otro elemento esencial del interrogatorio periodístico: la responsabilidad de responder frente a quien pregunta. No es igual escuchar “¿cuánto ha costado exactamente ese proyecto?” y recibir una respuesta general, que tener al periodista delante diciendo: “Ministro, esa no fue la pregunta. ¿Cuál fue el monto exacto?”.
Esa diferencia resume buena parte de la función fiscalizadora de la prensa. El periodismo no existe solamente para trasladar declaraciones oficiales, sino también para cuestionar, contrastar, insistir y, cuando corresponde, incomodar.
¿Es esto censura?
Hay que poner límites claros al análisis. La eliminación de un programa de preguntas presenciales, por sí sola, no equivale jurídicamente a establecer censura previa ni permite concluir que en nuestro país haya desaparecido la libertad de prensa.
La Constitución dominicana protege expresamente la libertad de expresión e información. Su artículo 49 reconoce el derecho a buscar, investigar, recibir y difundir información, además de establecer garantías relacionadas con el acceso a fuentes de interés público. La Ley 200-04, por su parte, regula el libre acceso a la información pública, mientras que el sistema interamericano ha sostenido reiteradamente que los funcionarios públicos están sometidos a un mayor escrutinio social precisamente por la naturaleza de sus funciones.
Por eso la discusión sobre LA Agenda Semanal debe plantearse correctamente. El Gobierno tiene derecho a organizar reuniones ejecutivas, transmitirlas y desarrollar sus propias estrategias de comunicación. El problema aparecería si ese mecanismo termina sustituyendo sistemáticamente los espacios en los que periodistas pueden preguntar directamente, repreguntar y abordar asuntos que el Gobierno no colocó previamente en agenda.
Ahí la cuestión dejaría de ser simplemente comunicacional para convertirse en un problema institucional.
¿Por qué cambiar precisamente ahora?
Esta es probablemente la pregunta que más interesa. ¿Por qué abandonar un formato que durante años fue presentado por el propio oficialismo como evidencia de transparencia?
La transformación puede interpretarse de varias maneras. Una de ellas favorece al Gobierno: Abinader se encuentra en una etapa distinta de su administración y podría estar intentando concentrarse más en ejecución, supervisión y resultados que en exposiciones generales. Desde esa perspectiva, el nuevo formato permitiría sentar a ministros y directores frente al presidente, obligarlos a presentar indicadores y mostrar públicamente quién está cumpliendo y quién no.
Eso puede ser útil y hasta saludable.
Pero existe otra lectura. En una administración que entra en una fase avanzada de su mandato, con distintos frentes políticos y sociales abiertos y con el ciclo electoral de 2028 acercándose progresivamente, disminuir la exposición presidencial a preguntas inesperadas también reduce riesgos. Desde la óptica de cualquier estrategia de comunicación, eso resulta evidente.
Una pregunta inesperada puede alterar toda una semana política
Los gobiernos modernos invierten enormes recursos en comunicación política. Preparan mensajes, estadísticas, videos, discursos, campañas institucionales, publicaciones digitales y argumentarios. Todo puede estar perfectamente coordinado hasta que un periodista formula una pregunta de veinte segundos.
Una respuesta desafortunada puede dominar los titulares durante días, una contradicción puede desplazar el anuncio que el Gobierno quería promover y una frase improvisada puede convertirse rápidamente en tendencia en las redes sociales. Una repregunta bien formulada incluso puede abrir una crisis política que no estaba contemplada en ninguna estrategia comunicacional.
Desde la lógica del poder, reducir esas posibilidades resulta comprensible. Desde la óptica del periodismo, precisamente por eso son necesarias.
La democracia no exige únicamente escuchar lo que un Gobierno desea explicar. También necesita conocer aquello que preferiría no discutir ese día.
¿Reconocimiento de que el Gobierno no estaba preparado para responder?
Afirmarlo como hecho sería irresponsable. No existe evidencia pública suficiente para asegurar que LA Semanal fue modificada porque el Gobierno ya no pudiera enfrentar las preguntas de los periodistas.
Pero la interrogante es legítima, porque cuando una administración sustituye un sistema de exposición abierta por otro considerablemente más estructurado, inevitablemente surge la pregunta de qué problema intenta resolver.
¿Era LA Semanal demasiado extensa? ¿Se había convertido en un escenario difícil de administrar? ¿Las controversias terminaban desplazando los anuncios oficiales? ¿El Gobierno consideraba que algunos periodistas utilizaban el espacio de manera inadecuada? ¿Se busca proteger la figura presidencial del desgaste cotidiano? ¿O simplemente se diseñó una plataforma considerada más eficiente para mostrar resultados?
Mientras no exista una explicación suficientemente detallada sobre las razones profundas del cambio, esas preguntas seguirán formando parte del debate público.
Hay otra posibilidad: el presidente quiere exigir cuentas a sus propios funcionarios
Tampoco debe ignorarse una lectura favorable al nuevo esquema. LA Agenda Semanal puede convertirse en un mecanismo interesante si realmente muestra información que hasta ahora permanecía dentro de los despachos.
Si ministros y directores tienen que explicar públicamente cuánto han ejecutado de su presupuesto, qué obras están retrasadas, cuáles compromisos no han cumplido, cuánto dinero se ha gastado, qué indicadores empeoraron y cuándo prometen corregirlos, el formato podría adquirir un verdadero valor informativo.
De hecho, podría producir un tipo diferente de rendición de cuentas.
El inconveniente aparece cuando se pretende que una cosa sustituya a la otra. Fiscalizar a los funcionarios desde la Presidencia no sustituye la fiscalización independiente de la prensa. El presidente puede hacer excelentes preguntas a sus ministros, pero sigue siendo el jefe de esos ministros. El periodista no, y precisamente ahí reside su utilidad.
El peligro de convertir la información pública en contenido institucional
Existe además un fenómeno más amplio que no afecta exclusivamente a nuestro país. Gobiernos de diferentes tendencias han descubierto que las redes sociales permiten comunicarse directamente con millones de personas sin atravesar el filtro de periodistas, editores o medios tradicionales.
Para cualquier administración, la tentación es enorme: puede grabar su propio contenido, escoger las imágenes, seleccionar las cifras, determinar quién aparece, decidir cuándo publicar y responder únicamente aquello que considere conveniente.
Eso permite eficiencia comunicacional, pero una democracia no puede funcionar únicamente mediante información producida por la institución sobre sí misma.
Un Ministerio de Educación puede informar que el año escolar comenzó exitosamente, pero el periodista debe poder preguntar cuántos niños quedaron fuera de las aulas. Una institución sanitaria puede anunciar mejoras, pero alguien debe preguntar por las denuncias pendientes. Un organismo puede presentar cifras positivas de ejecución, pero la prensa debe preguntar por las obras retrasadas.
El contenido institucional cuenta una parte de la historia. El periodismo intenta encontrar la otra.
El Gobierno reaccionó rápidamente a las dudas
También sería injusto ignorar lo ocurrido después del estreno del nuevo espacio. Tras la primera edición de LA Agenda Semanal, el presidente Abinader anunció que habrá distintos escenarios de preguntas, participación de periodistas y sociedad civil, además de ruedas de prensa para atender asuntos de interés público.
Posteriormente, funcionarios de comunicación del Gobierno aseguraron que el mandatario continuará sosteniendo encuentros con representantes de los medios. Eso introduce un matiz importante, porque el debate ya no debería concentrarse únicamente en si desapareció LA Semanal, sino en cómo funcionarán realmente esos nuevos espacios.
¿Podrán los periodistas preguntar libremente? ¿Habrá selección previa de temas? ¿Se permitirán repreguntas? ¿Participarán medios críticos además de periodistas acreditados permanentemente en Palacio? ¿Existirá suficiente tiempo para preguntas? ¿Podrán abordarse asuntos distintos al tema seleccionado por el Gobierno? ¿Comparecerá regularmente el presidente o la responsabilidad terminará trasladándose a voceros y ministros?
De las respuestas prácticas a esas preguntas dependerá si estamos frente a una reorganización legítima o ante una reducción cuidadosamente administrada del escrutinio presidencial.
El nombre también importa
Las palabras en política rara vez se escogen accidentalmente. El antiguo formato colocaba a la prensa dentro de su propia identidad: LA Semanal con la Prensa.
El nuevo tiene otra palabra en el centro: Agenda.
Y una agenda establece prioridades, determina qué va primero, qué se discute, quién participa y cuánto tiempo recibe cada tema. No es necesariamente algo negativo, porque todo Gobierno necesita agenda, pero el periodismo cumple precisamente la función de romperla cuando la realidad lo exige.
Si el lunes el Gobierno quiere hablar de educación, pero el domingo estalla un escándalo relacionado con otra institución, la prensa debe poder preguntar por ese escándalo aunque no estuviera en la presentación preparada.
Ese es el punto que deberá protegerse.
La transparencia cómoda no es suficiente
Ningún Gobierno debería medir su transparencia exclusivamente por la cantidad de información que publica. Una administración podría transmitir diez horas diarias de reuniones y seguir evitando las preguntas esenciales.
La verdadera transparencia comienza precisamente donde termina el control absoluto del mensaje. Consiste en exponerse también a aquello que no estaba previsto, aceptar preguntas incómodas, reconocer cuando no se conoce una respuesta, permitir repreguntas, corregir datos, responder sobre temas desfavorables y asumir que gobernar bajo escrutinio produce incomodidad.
Es parte del cargo.
Tampoco toda pregunta periodística es fiscalización
La prensa también debe hacer su propia autocrítica. LA Semanal tuvo episodios en los que el valor periodístico de determinadas intervenciones fue cuestionado públicamente. No toda persona con un micrófono realiza periodismo y no toda pregunta formulada ante el presidente contribuye necesariamente al interés colectivo.
Un espacio limitado exige criterios.
La solución, sin embargo, no debería ser convertir al Gobierno en editor de las preguntas, sino elevar la calidad de quienes participan, establecer reglas transparentes de acreditación y garantizar pluralidad entre medios nacionales, regionales, digitales, televisivos, radiales y escritos.
Una prensa profesional fortalece la rendición de cuentas. Una prensa complaciente convierte cualquier rueda de prensa en teatro.
No es todavía el fin de la libertad informativa, pero sí una señal que merece vigilancia
Presentar LA Agenda Semanal como el “fin de la libertad de prensa” sería una exageración que los hechos disponibles no sostienen. Minimizar la importancia del cambio tampoco sería correcto.
Durante años, el propio Gobierno presentó la comparecencia semanal de Abinader ante periodistas como una prueba extraordinaria de apertura. Al abandonar aquel formato, inevitablemente renuncia también a una parte del simbolismo que había construido alrededor de él.
LA Agenda Semanal puede aportar información, mostrar funcionarios rindiendo cuentas, ayudar al ciudadano a comprender procesos internos del Estado e incluso convertirse en una herramienta de presión sobre ministros y directores que no estén cumpliendo.
Pero no debe confundirse con una rueda de prensa.
Son instrumentos diferentes.
Y nuestro país puede tener ambos.
La prueba será sencilla
No habrá que esperar demasiado para determinar hacia dónde conduce esta reorganización. Si en las próximas semanas el presidente mantiene encuentros frecuentes con periodistas, admite preguntas sin conocerlas previamente, permite repreguntas y responde sobre los asuntos que dominan la conversación pública, la interpretación más razonable será que el Gobierno simplemente separó dos funciones: un espacio para mostrar gestión y otro para someterse al escrutinio de la prensa.
Eso incluso podría mejorar el modelo anterior.
Pero si las ruedas de prensa prometidas comienzan a espaciarse, las preguntas se filtran, las repreguntas desaparecen, los encuentros se restringen a grupos previamente seleccionados o el presidente reduce progresivamente su exposición directa, entonces LA Agenda Semanal será recordada de otra manera.
No como una innovación comunicacional, sino como el momento en que el Gobierno decidió que resultaba más conveniente administrar las preguntas que enfrentarlas.
La diferencia entre ambas posibilidades no la determinará ningún comunicado oficial, sino la práctica.
Porque un Gobierno verdaderamente preparado para rendir cuentas no necesita saber siempre cuál será la próxima pregunta.
Necesita estar preparado para responderla.
