Comencemos por admitir que los dominicanos no fuimos capaces de montarnos en la ola del I-D, de insertarnos en esa importante corriente mundial, que no significaba otra cosa que Investigación y Desarrollo, y que postulaba que los países debían invertir en investigación para del desarrollo de nuevos productos.
La idea era que el Estado fomentara que tanto instituciones públicas como privadas, entre ellos universidades y laboratorios, dedicaran esfuerzos a la investigación en las diferentes áreas de las ciencias susceptibles de generar algún tipo de producto o mejorar los ya existentes.
Se entendía que en la medida en que los países investigaban e inventaban no solo fomentaban la ciencia aplicada, sino que generaban nuevas fuentes de riqueza y empleos calificados, lo que podía contribuir con su desarrollo.
Los dominicanos, en cambio, optamos por fomentar el crecimiento de las micro y medianas empresas -muchas de ellas dedicadas a la fabricación de alimentos de consumo inmediato, servicios de reparación, salones de belleza, etc-, lo cual obedecía a la necesidad de reducir los niveles de desempleo y combatir los altos índices de pobreza.
Esa estrategia tenía sentido en una nación apremiada por una tradicional desigualdad económica y social, con una clase media que, a fuerza de soportar el grueso de la carga impositiva, casi siempre ha vivido “esteriscando” sus ingresos para cubrir sus necesidades y “llegar al fin de mes”.
Salvo excepciones, como la creación del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), el Estado dirigió pocos esfuerzos para fomentar el I+D, así como la capacitación masiva de personas que estuvieran en condiciones en investigar, experimentar y aplicar la ciencia a nuevos objetos o existentes.
Pero, los nuevos tiempos traen consigo nuevas necesidades, urgencias y retos. Y ahora, lo que los dominicanos tenemos que afrontar es el reto de innovar. La innovación es el nuevo nombre del proceso de introducir novedades en la vida de una nación, en cualquiera de sus ámbitos -educativo, político, comercial, financiero, tecnológico, científico, informático-, ya sea creando o mejorando lo ya existente.
La innovación no debe ser algo extraño para nosotros, pues en el tercer eje estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que la República Dominicana se estableció mediante la Ley 1-12, se establece que “Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.”
Esa misma Estrategia Nacional de Desarrollo plantea que el desarrollo económico del país ha de sustentarse en el logro de 5 objetivos generales: 1) Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global; 2) Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible; 3) Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social; 4) Empleos suficientes y dignos; y 5) Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Es decir, la propia END, en cuya discusión particularon todos los sectores económicos, sociales y políticos del país, parte del supuesto de que la innovación es imprescindible para que el país pueda lograr un desarrollo económico sostenible, con competitividad, crecimiento alto y sostenido, trabajo digno, cooperación y responsabilidad social, entre otros.
De todo ello y la nuestra realidad económica y necesidades de desarrollo como nación, es que surgen el reto ineludible de establecer políticas públicas para la innovación, órganos que se encarguen de generarlas y fomentarlas, y – sobre todo- recursos para estimularla, para apoyar a personas, a grupos, a universidades, empresas o entidades de cualquier tipo que se dediquen a innovar.
El Estado debe, en otras palabras, crear una banca para la innovación, inicialmente con recursos públicos, con donaciones, aportes privados y apoyos internacionales no reembolsables. Otra opción es que recursos del encaje legal de la banca puedan ser librados para ser prestados a tasas bien bajas y que esos préstamos no provisionen, pues de lo que se trata es de apoyar financieramente a gente -jóvenes, en su mayoría- que se inician en el mundo de la investigación y la ciencia aplicada, y que aún tienen escasos referentes crediticios.
Si hemos tenido un Banco Agrícola, un Banco Nacional de la Vivienda, convertido ahora en un Banco para el Fomento de las Exportaciones, una Banca Solidaria para las Mipymes, se requiere con urgencia que se cree una banca para la innovación.
El ingenio, la capacidad innovadora y de invención de muchos jóvenes dominicanos que han iniciado emprendimientos destinados a la innovación, en medio de la precariedad, merece, requiere y necesita el apoyo financiero -preferiblemente público- en una magnitud en que constituya un estimulo real a la innovación que tanto necesitamos los dominicanos, y que debemos fomentar en forma intensiva para comenzar a ser creadores de conocimiento e invención, y no simples importadores.
