Santo Domingo. Milton Morrison —ingeniero eléctrico, actual director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y fundador del partido País Posible— construyó en los últimos años una reputación de reformista social en la línea de Barack Obama. Sin embargo, esa imagen empieza a desmoronarse tras una investigación publicada por el periódico The Miami Independent, firmada por la periodista Josefina Villegas, que revela la compra no declarada de una propiedad por US $837,500 en Weston, Florida, actualmente valorada en más de US $1.7 millones.
El equipo de investigación de elPais.do recibió en la casilla info@elpais.do un correo anónimo con el asunto “Información interesante sobre Milton Morrison para su distinguido medio”, acompañado de un dosier en formato PDF de 34 páginas. El documento —cuyos metadatos indican que fue finalizado en junio de 2025— contiene copias certificadas de escrituras, registros del condado de Broward y un gravamen emitido por 911 Mold Testing LLC, todos relacionados con la propiedad atribuida a Morrison y su esposa, Davidia del Carmen Jiménez.
Según la investigación de Villegas, Morrison y su esposa adquirieron la casa en agosto de 2021, cuando él se desempeñaba como administrador general de EDESUR, empresa estatal de distribución eléctrica. Un documento de gravamen civil fechado en diciembre de 2024 por un monto de US $21,297 confirma que ambos siguen siendo propietarios del inmueble. La compra, según The Miami Independent, nunca fue reportada en la declaración jurada de patrimonio, tal como lo exige la ley dominicana.
Según el periódico The Miami Independent, en un reportaje firmado por la periodista Josefina Villegas, la casa fue adquirida por US $837 500 en agosto de 2021 y hoy supera el millón y medio de dólares de valor de mercado.
Aunque la información no fue confirmada directamente por la Cámara de Cuentas, elPais.do verificó de manera independiente, a través del portal oficial de la entidad, que en la última declaración publicada del funcionario no figura dicha propiedad. Esta omisión sustenta las denuncias formuladas por Villegas y refuerza la hipótesis de un posible ocultamiento patrimonial.
Violaciones a la Ley 311‑14 de Declaración Jurada
La omisión de la villa de Weston en su declaración patrimonial infringe el artículo 14 de la Ley 311‑14, que obliga a todo alto funcionario a consignar la totalidad de sus bienes al tomar posesión y al cesar en el cargo.
Presentar una declaración incompleta o falsa configura dos escenarios penales:
El artículo 15 de la Ley 311-14 establece que quien falsee datos en una declaración jurada de bienes será sancionado con prisión de 1 a 2 años y una multa de 20 a 40 salarios mínimos.
Sobre el enrriquecimiento ilícito
El artículo 18 de la Ley 311-14 sanciona el enriquecimiento ilícito, es decir, cuando una persona no puede justificar el origen de sus fondos. La pena incluye de 4 a 10 años de prisión, multa del doble del incremento patrimonial no justificado e inhabilitación para ejercer funciones públicas por 10 años.
La compra de una vivienda de lujo en Estados Unidos con ingresos que no corresponden al nivel salarial de un funcionario público podría dar lugar a una investigación por enriquecimiento ilícito. De confirmarse esta desproporción, Morrison se expone a la pena máxima contemplada en la Ley 311-14: hasta 10 años de prisión. ¿No resulta llamativo que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), dirigida por la Dra. Milagros Ortiz Bosch, no haya iniciado una investigación sobre estas acciones? Su inacción ante casos de presunto ocultamiento patrimonial pone en entredicho el compromiso del gobierno con la transparencia y el combate a la corrupción.
Contrataciones amañadas y la Ley 340‑06
La investigación también detalla la firma de un contrato directo entre EDESUR y Midas Dominicana (Midas Red) para la gestión de energía pre‑pago y pos‑pago, sin licitación pública. El proceso fue avalado por Jhonattan Chevalier, ex‑empleado de EDESUR y miembro del Comité de Compras del INTRANT. Ese bypass al concurso competitivo viola el artículo 65, párrafo II de la Ley 340‑06 de Compras y Contrataciones Públicas, que castiga con tres meses a dos años de prisión, multa equivalente al valor contratado y suspensión de cinco años de la función pública a los funcionarios que intervengan en adjudicaciones ilegales.
Riesgo de imputación por lavado de activos
La compra de bienes raíces de alto valor en el extranjero, cuando provienen de fondos de origen dudoso, podría además encuadrarse en la Ley 155‑17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. La norma sanciona con diez a veinte años de prisión a quien “convierta, transfiera u oculte” capitales cuyo origen esté vinculado a delitos graves —entre ellos la corrupción administrativa— y dispone el decomiso de los bienes ilícitos.
Acumulación de penas posibles
Aunque las penas no siempre se aplican de forma acumulativa, si llegaran a imponerse en un juicio, Morrison podría enfrentar consecuencias bastante severas. Por enriquecimiento ilícito, se expone a hasta 10 años de prisión; por lavado de activos, hasta 20 años; y por violar la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones, hasta 2 años. En el peor de los casos, la condena podría alcanzar los 20 años de reclusión mayor —el máximo previsto en el marco legal vigente—, además de enfrentar cuantiosas multas y la pérdida definitiva de sus derechos políticos.
De confirmarse los extremos señalados en la investigación de Josefina Villegas y los documentos remitidos a nuestra redacción, el director del INTRANT enfrentaría un cúmulo de procesos penales que, en el peor de los casos, podrían costarle hasta dos décadas de libertad y la confiscación de su patrimonio no justificado.
Lea en línea o descargue el archivo .pdf de 34 páginas
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