El enfoque del desarrollo sostenible está centrado en lograr la sostenibilidad ambiental, social y económica, enfrentando los desafíos del cambio climático. Lograr el equilibrio entre estos tres ejes que naturalmente guardan tensión entre sí es un desafío complejo, porque demanda soluciones globales.
La Constitución, en su artículo 14 establece que el Estado tiene la responsabilidad de “garantizar la conservación del equilibrio ecológico, la flora, fauna y la protección del medio ambiente, por tratarse de derechos colectivos y difusos.”
En la República Dominicana la entidad que tiene por mandato legal la protección de los recursos naturales es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De acuerdo con sus estadísticas disponibles, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas abarca el 25% de la superficie total de nuestro territorio, aunque es importante destacar que en los informes se hacen constar los esfuerzos para garantizar la conservación de importantes ecosistemas productores de bienes y servicios ambientales, que son a su vez, agentes de aportes a la economía y desarrollo nacional.
El mayor reto lo constituye el fortalecimiento de la efectividad respecto de las áreas protegidas que se han visto afectadas los últimos años, pues implica mejorar la calidad de gestión y la apropiada conservación de algunas localidades. Lograr las mejoras sustanciales, detener la degradación y alcanzar la restauración de estas para la producción de aguas, es una tarea pendiente.
Un componente de vital importancia en la gestión medioambiental es la conservación de los bosques; en un país con alta vocación forestal como el nuestro, controlar la contaminación del suelo y la tala no autorizada, es vital para la garantizar la seguridad hídrica.
Lo que nos sorprende son las minas de carbón que se han instalado en varias zonas del país, con un indicador más acentuado en el Sur. Aunque en la región Enriquillo se registraron 19 comunidades autorizadas y reguladas para producir carbón vegetal, ¿quién supervisa las demás?
Buscando la opinión de un especialista, contactamos al Ingeniero Max Escarramán, experto forestal, quien gentilmente nos explicó el tratamiento que a través de la FAO-RD, se les da a las comunidades carboneras instaladas en la frontera dominico-haitiana. Tuvimos acceso a dos documentos referidos por este, que, aunque ya tienen unos años de publicación, sus proyecciones no han tenido gran variación respecto de la actualidad.
Lo importante ahora, inmediatamente pase la crisis, es fortalecer el medio ambiente en cooperación con Haití; estableciendo mecanismos de veeduría social que obliguen al cumplimiento de la legislación ambiental y los acuerdos internacionales en la aplicación de justicia. Promover la reforestación, fortalecer las capacidades profesionales del personal técnico vinculado y la necesaria incorporación de las autoridades de los gobiernos locales en la gestión de su ámbito territorial, es determinante para frenar la producción ilegal de carbón y con ello la degradación de nuestro medio ambiente.
