Es inevitable que la pandemia que afecta al mundo produzca un cambio abrupto en las actividades económicas de los países. Solo unos pocos, de los más desarrollados, han podido inyectar fondos suficientes para mantener las actividades públicas que promueven el bienestar de sus ciudadanos.
De las medidas que sean tomadas por el gobierno dependerá que esas decisiones nos conduzcan o no, a una crisis fiscal de dimensiones imprevisibles y en mayores consecuencias, si la crisis sanitaria se prolonga más tiempo del estimado. De ahí la importancia de atender las recomendaciones hechas por los expertos y los organismos internacionales.
La Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP), en consulta con United Nations Economics and Social Council, han elaborado un documento como aporte de la sociedad civil a los países asociados, en el que se sugieren unas 7 iniciativas para gestionar, administrar y auditar las donaciones y recursos público-privados destinados a combatir el COVID19, de forma paralela a las acciones gubernamentales y los organismos internacionales de carácter financiero y político.
El 14 de mayo se cumplirá un mes de que la Comisión de Asuntos Económicos y Empleo designada para el manejo de la crisis en nuestro país, prometió presentar de forma digerible a la población un Plan Económico que contenga las políticas fiscales y monetarias para la reactivación de la economía, informándose que éste cuenta con la participación del FMI, la Reserva Federal de los EEUU y el Banco Internacional de Pago. ¡Tamaño compromiso!
Cuando se proyecta un déficit de 7.1% del PIB y la tasa cambiaria se muestra con niveles superiores al valor de su equilibrio, esto produce un impacto relevante en la economía, si en un escenario de alza adicionamos la caída de los ingresos tributarios, turismo, zonas francas y las pymes la reconfiguración del tablero financiero se oscurece. El aumento de la deuda pública y la inflación son otros elementos determinantes a considerar.
Un segmento importante de la población está preocupada, pareciera que las acciones gubernamentales fueran absolutamente delegadas al candidato presidencial del Partido oficialista, ignorando que el Estado es responsable de cada dominicano y dominicana sin importar su filiación o simpatía partidaria.
La proyección económica estimada para el mercado global post COVID es complicada, evidentemente nuestro país no escapa a ello, estando a la puerta de unas elecciones presidenciales y congresuales especiales, por el contexto en el que celebrarán, es determinante a quien escojamos para dirigir el destino de nuestro país. Quien sea favorecido por el electorado deberá contar con la suficiente experiencia en el manejo de crisis del Estado.
