El abogado Julio Cury publicó recientemente en X una reflexión que, a primera vista, pretende marcar una diferencia ética entre dos liderazgos políticos. Afirmó que mientras Leonel Fernández “no permitió” el sometimiento penal de Víctor Díaz Rúa ni de Félix Bautista, el presidente Luis Abinader sí permitió que su otrora amigo Santiago Hazim fuera procesado y enviado a prisión preventiva por 18 meses en el caso Senasa. La pregunta retórica cerró con tono concluyente: “¿Está clara la diferencia?” La respuesta corta es no. La larga exige contexto, memoria y un mínimo respeto por los hechos judiciales.
Mientras Leonel Fernández no permitió que sometieran penalmente a Díaz Rúa ni a Félix Bautista, Luis Abinader sí permitió que a su otrora amigo, Santiago Hazin, lo procesaran.
— Julio Cury (@JuLiOCuRY) December 15, 2025
¿Está clara la diferencia?
Víctor Díaz Rúa: años de juicio, no protección política
El caso Víctor Díaz Rúa no fue un expediente engavetado ni una gracia del poder. Fue un proceso penal largo, áspero y altamente mediatizado, que se extendió por años, en el que el Ministerio Público formuló imputaciones graves, muchas de ellas sustentadas en falsedades, exageraciones y construcciones narrativas orientadas más a desmoralizar públicamente al imputado que a probar responsabilidad penal concreta.
Durante el proceso se recurrió reiteradamente a señalamientos que luego no resistieron el escrutinio judicial, en un claro intento de destruir reputación antes que de demostrar culpabilidad. Aun así, el caso recorrió todas las instancias del sistema judicial dominicano, desde la fase preliminar hasta las más altas cortes, y concluyó (no por decreto político ni por interferencia del poder) sino por decisión estrictamente jurisdiccional, con un no ha lugar.
Ese no ha lugar se produjo siendo Luis Abinader presidente de la República, y el expediente agotó incluso la última instancia ante la Suprema Corte de Justicia.
Pretender hoy utilizar el nombre de Víctor Díaz Rúa como símbolo de “impunidad tolerada”, para contrastarlo con una medida de coerción aún en curso como el caso Senasa, no solo es jurídicamente incorrecto, sino que constituye un acto vejatorio contra una persona que fue investigada, procesada, atacada públicamente y finalmente descargada conforme al debido proceso.
La justicia no se mide por la duración del escándalo ni por el volumen de titulares, sino por el fallo final. Y en ese terreno, el caso Díaz Rúa quedó cerrado, firme y juzgado.
Félix Bautista: el uso extremo del poder punitivo
Algo similar ocurrió con Félix Bautista. Fue sometido por un procurador que utilizó (sin exagerar) todo el arsenal del Ministerio Público para destruirlo política y penalmente. Hubo decenas de audiencias, exposición mediática permanente y una presión institucional sostenida.
¿El resultado? Otro no ha lugar, dictado por los tribunales tras evaluar pruebas, no simpatías.
Comparar estos procesos concluidos judicialmente con una medida de coerción aún en fase preliminar, como en el caso Senasa, no es análisis serio: es propaganda con toga.
Cuando la memoria falla, pero selectivamente
Resulta llamativo que quien hoy pontifica sobre permisividad política y justicia ejemplar parezca haber olvidado episodios muy cercanos a su propia historia.
Basta recordar el caso en que Julio Cury fue resarcido por daños morales, luego de haber sido sometido a la justicia por el tema de las licencias de conducir. El proceso concluyó con un acuerdo transaccional, indemnización económica y decisiones favorables tanto en la Corte de Apelación como en la Suprema Corte de Justicia, que declaró inadmisible el recurso de casación de la empresa querellante.
Hasta ahí, nada reprochable: el sistema funcionó y reparó un daño.
Lo pintoresco viene después.
Según versiones ampliamente conocidas, su padre (que en paz descanse), cuando aún vivía, pidió ayuda directa a Leonel Fernández para que su hijo fuera asistido en ese delicado trance. Nada ilegal en pedir ayuda; lo curioso es pedirla… y luego morder la mano que alcanzó el vaso de agua.
El audio que ya todos comentaron
Y ya que hablamos de memoria, hay otra que suele activarse en modo avión:
el audio filtrado que implicó a Julio Cury y al diputado Sergio “Gory” Moya en un presunto plan de chantaje y extorsión contra Dream Casinos.
La grabación, difundida ampliamente en plataformas digitales, describe (con un nivel de detalle casi pedagógico) supuestas maniobras judiciales, querellas fabricadas, intentos de órdenes de arresto para bloquear inversionistas extranjeros y hasta el uso coordinado de figuras mediáticas para crear un “escándalo nacional”.
Todo muy sofisticado. Muy estratégico. Muy creativo.
Casi una startup del chantaje, con roadmap, aliados y narrativa incluida.
Por supuesto, todo es presunto. Pero cuando alguien aparece recurrentemente en audios, licencias, acuerdos transaccionales y lecciones morales por Twitter, lo mínimo que se espera es prudencia antes de repartir certificados de ética republicana.
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