La jueza del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, se reservó para esta tarde el fallo sobre el pedido de medida de coerción del Ministerio Público contra al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
La audiencia fue fijada para las 3:00 de la tarde e incluye también a otras seis personas imputadas en la operación Medusa.
En su intervención, Rodriguez acusó al Ministerio Público de haber falsificado su firma e imputarlo, “por odio y por venganza”.
Alegó que no cometió delito durante su gestión, sino que, como humano, pudo “cometer algunos errores”.
Aseguró que está siendo juzgado “por odio”, por lo que pidió a la jueza hacer uso de la justicia e impedir que, por esto, sea encarcelando.
Además se quejó de que lleva 15 días durmiendo en el suelo, con temperaturas a 45 grados, en la cárcel de la fiscalía.
Mostró los arraigos que tiene en el país, como familiares, bienes y trabajos, los que asegura nunca dejará para irse del país donde nació y creció.
En su exposición presentó una especie de memoria, en la que resaltó las obras y ejecuciones de su gestión.
La data fue destruida
Durante la audiencia, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, afirmó que la Fiscalía que dice haber creado Jean Alain solo existe en su mente, porque es ficticia.
Agregó que el Plan de Humanización que ejecutó el exprocurador, es una estafa el Estado, en la que se invirtieron más de 10,000 millones de pesos y algunas de las cárceles construidas no cumplen con los estándares y hay que derribarlas.
Dijo que el exprocurador debe estar en prisión preventiva por tener conocimiento de la investigación, lo cual lo pone en riesgo procesal.
Manifestó que es el mismo imputado que se ha colocado en esa situación cuando dijo públicamente en varios programas que tenía conocimiento de la investigación.
Reynoso resaltó el caso del cheque que pagó la gestión Rodríguez, por más de 34 millones de pesos, de manera irregular utilizando una empresa con la utilización de testaferros y sin haberse invertido ni siquiera el 10%.
“En ese expediente es que está su firma y son igual que en todas las evidencias, lo cual lo implican de manera directa. Se compraron más de 400 millones en equipos cuando el plan estaba en 50% de construcción, y esos equipos aun ni fabricados están”, agregó.
Expresó que el 80 por ciento de la data histórica de la Procuraduría General fue destruida.
Reynoso argumentó que más allá de la solidez del expediente contra los imputados de la Operación aso Medusa, la solicitud de coerción es para evitar “riesgos laborales”.
Los otros implicados en el caso
Se han presentado ante la jueza Romero, por el caso Medusa, José Moya, quien fue asesor de Rodríguez durante su gestión en la PGR, y ya admitió le pagaron 19.5 millones de pesos para impartir unos cursos que nunca se llevaron a cabo.
Rafael Antonio Mercedes Marte, fue encargado de Contabilidad de la PGR; Alfredo Alexander Solano Augusto, fungió como director financiero y encargado de proyectos; Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la información y Comunicación (DTIC); Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, quien fue director administrativo; Jenny Marte Peña, era encargada de proyectos; y Altagracia Guillén Calzado, quien fue subdirectora administrativa y financiera.
