En República Dominicana, la libertad de prensa es, en teoría, una garantía constitucional, reconocida como pilar esencial del sistema democrático. Sin embargo, esa proclamación legal muchas veces choca con una realidad compleja, donde el ejercicio del periodismo enfrenta presiones, obstáculos institucionales y desafíos estructurales que ponen en entredicho su verdadera autonomía.
Una democracia sin información no es democracia
Uno de los retos más persistentes para el periodismo dominicano es el acceso a la información pública. Aunque existe una ley que obliga al Estado a transparentar sus datos, muchas entidades se resisten a cumplirla de manera efectiva. Solicitudes que deberían ser respondidas en plazos breves se encuentran con excusas, dilaciones o simples silencios administrativos.
Este tipo de obstrucción, aunque no explícitamente censora, debilita el rol fiscalizador de la prensa y protege zonas opacas del poder que deberían estar sujetas al escrutinio ciudadano.
Cuando la información se vuelve inaccesible, no solo pierde fuerza el periodismo investigativo, sino que también se erosiona la capacidad de la sociedad para participar de forma informada en los asuntos públicos. La transparencia no es un gesto decorativo; es una condición indispensable para la legitimidad democrática.
Intimidación velada: la nueva cara de la censura
La censura en la República Dominicana ya no se manifiesta, en la mayoría de los casos, en su forma más directa y represiva. Hoy, el control informativo se ejerce con tácticas más sutiles pero igual de efectivas. Restricciones en la cobertura de actos oficiales, negación de acceso a fuentes, amenazas legales o campañas de descrédito en redes sociales son algunos de los métodos utilizados para condicionar el trabajo de los periodistas.
Estos actos no siempre provienen de estructuras gubernamentales; también pueden emanar de grupos empresariales, sectores religiosos o actores con intereses económicos y políticos. El resultado es un ambiente de vigilancia constante que fomenta la autocensura, especialmente entre los medios más vulnerables financieramente o dependientes de contratos publicitarios estatales.
Desinformación y polarización: el nuevo enemigo
El entorno digital ha multiplicado las oportunidades para informar, pero también para manipular. Las noticias falsas, los rumores viralizados y las campañas de desinformación operan con una eficacia alarmante, erosionando la credibilidad de los medios serios y confundiendo a la población. En muchos casos, estas operaciones responden a fines políticos o comerciales, y su éxito se basa en la falta de pensamiento crítico y en la desconfianza hacia las instituciones.
Este fenómeno no solo pone en jaque al periodismo tradicional, sino que amenaza la estabilidad democrática al distorsionar el debate público, alentar la polarización y debilitar los consensos básicos sobre la realidad. Combatirlo requiere un periodismo ético, recursos tecnológicos, y una ciudadanía alfabetizada en medios, capaz de distinguir entre hechos y propaganda.
La causa es de todos
La libertad de prensa no puede verse como un privilegio corporativo del gremio periodístico. Es un derecho colectivo que protege la calidad del debate público, el acceso a la verdad y la fiscalización del poder. Cuando se debilita la prensa, se debilita la democracia.
Por eso, defender un periodismo libre, plural y profesional no es solo una causa de periodistas: es una tarea de toda la sociedad civil, del sector académico, de las instituciones y de los propios ciudadanos. Se necesita vigilancia constante, reformas legales efectivas, educación mediática y una firme convicción de que sin información libre, el poder se convierte fácilmente en abuso.
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