De la quiebra al crecimiento récord: la verdadera historia económica reciente de la República Dominicana

La historia económica reciente de la República Dominicana no es una línea recta de números brillantes, sino una serie de ascensos, tropiezos y recuperaciones que han puesto a prueba la capacidad de gestión de cuatro presidentes: Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader.

Para juzgar con justicia sus periodos hay que mirar no solo los resultados, sino el punto de partida de cada uno. Ese prisma contextual revela una conclusión clara: mientras Danilo Medina cosechó el tramo más largo de bonanza en un entorno ya estabilizado, Leonel Fernández y Luis Abinader asumieron el timón cuando el país estaba “quebrado” en sentido macroeconómico (primero tras el colapso bancario de 2003–2004 y luego en medio del desplome pandémico de 2020) y, con decisiones difíciles, recondujeron la economía hacia el crecimiento y la estabilidad.

Leonel Fernández llega por primera vez al poder en 1996 en un ambiente de reformas y disciplina fiscal heredadas de la primera mitad de los noventa. Esos cimientos permitieron un crecimiento alto y una inflación contenida durante casi toda la década: el propio FMI, en un estudio de 1999 sobre el país, documenta que entre 1991 y 1998 el crecimiento real anual promedió cerca de 6% con inflación de un dígito, gracias a un ajuste fiscal sostenido y a la reducción del financiamiento bancario al sector público.

En ese marco, el primer periodo de Fernández (1996–2000) se orientó a modernizar infraestructuras y abrir la economía, manteniendo la estabilidad de precios y el dinamismo del Producto Interno Bruto (PIB); aunque fenómenos como el huracán Georges (1998) golpearon puntualmente la actividad y las finanzas públicas, el ciclo terminó con una economía en expansión y con tasas de inflación bajas para los estándares regionales de aquella época.

El giro dramático viene con Hipólito Mejía (2000–2004)

Su gobierno promulgó leyes estructurales relevantes (la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social; la Ley Monetaria y Financiera 183-02; y la Ley 72-02 contra el lavado de activos) y avanzó en la negociación del DR-CAFTA, firmado en 2004 y que entraría en vigor para la República Dominicana el 1 de marzo de 2007. Sin embargo, el período quedó marcado por el colapso de tres bancos, en especial Baninter, cuyo salvamento destrozó las cuentas públicas y detonó una espiral de devaluación e inflación.

El FMI relata que, tras los fraudes y la crisis bancaria de 2003–2004, se firmaron dos acuerdos Stand-By (2003 y 2004) y luego, en enero de 2005, otro por 28 meses para estabilizar la macroeconomía y reparar las fallas del marco regulatorio. En 2003 el PIB real cayó y la inflación superó 40%; el tipo de cambio se disparó. En 2004, el crecimiento apenas repuntó mientras se trataba de contener los desequilibrios, confirmando que la administración entrante heredaría un “país quebrado” desde el punto de vista financiero y de confianza.

Ese país en crisis lo recibe Leonel Fernández en agosto de 2004. La magnitud del desafío quedó clara desde el mismo día de su victoria electoral, cuando, tras conocerse que había ganado con un 57% de los votos, confesó a sus compañeros: “Compañeros, hemos ganado… ¿y ahora qué hacemos?”, una expresión que reflejaba la conciencia de la enorme responsabilidad que acababan de asumir. Su respuesta fue un paquete de estabilización concertado con el FMI —primero el programa Stand-By de 2004 y después el de 2005— que combinó disciplina fiscal, recomposición del balance del Banco Central, saneamiento financiero y reformas para fortalecer la supervisión bancaria. La secuencia, reseñada por los informes del Fondo, fue efectiva: regresó la confianza, se normalizó el acceso a mercados, se redujo la inflación y el crecimiento volvió a terreno positivo con fuerza en 2005–2007, años en los que el PIB avanzó en torno a 9% anual.

Esa recuperación no fue un automatismo: exigió superávits primarios, contención del gasto corriente, renegociación de pasivos y una coordinación fina entre Hacienda y Banco Central, todo bajo vigilancia del programa con el FMI. En términos de “prueba financiera”, el regreso al crecimiento tras una contracción y el descenso de la inflación a un dígito son los marcadores duros de que el programa de estabilización funcionó.

Durante 2004–2012, además, se fueron consolidando cambios de la arquitectura económica iniciados o aprobados en el periodo anterior (seguridad social, nuevo marco monetario y financiero) y se tendieron puentes para la diversificación como el DR-CAFTA, que ya estaba firmado y que para la República Dominicana comenzó a aplicarse en 2007. Ese acuerdo comercial (confirmado por reportes del Congreso de EE. UU.) ancló reglas de inversión y comercio que luego respaldarían la expansión de zonas francas y cadenas de valor. En paralelo, la economía resistió shocks externos (alza del petróleo en 2008) evitando otra crisis sistémica. El saldo de los dos periodos de Fernández es inequívoco: recibió una economía colapsada y la devolvió a una senda de crecimiento e inflación baja, con acceso a mercados y un sector financiero re-regulado.

El gobierno de Danilo Medina (2012-2020)

El relevo de 2012 trae a Danilo Medina en un momento macroeconómico estable: baja inflación, crecimiento sostenido, crédito fluyendo y un sistema financiero recapitalizado y supervisado. Ese punto de partida permitió priorizar una agenda social y de servicios públicos más ambiciosa. La “prueba financiera” principal aquí es doble: primero, la decisión política de cumplir por fin —a partir de 2013— con el 4% del PIB para educación que ordenaba la Ley 66-97, con la consiguiente expansión de la Jornada Escolar Extendida y la construcción masiva de aulas; y segundo, la fuerte reducción de la pobreza. El propio FMI documenta que la incidencia de la pobreza bajó de 39.7% en 2012 a 25.5% en 2017, con la pobreza extrema cayendo de 9.9% a 3.8%, impulsada por el crecimiento y por mayor gasto en educación y salud. El Banco Mundial, por su parte, venía apoyando desde 2009/2011 la reingeniería de subsidios y transferencias condicionadas (Solidaridad/Progresando) (bonos al gas y a la electricidad focalizados vía SIUBEN y pagos mediante ADESS) para proteger a los más pobres con mejor eficiencia. Son logros cuantificables en cobertura social y capital humano que aprovecharon la estabilidad heredada.

No todo fue perfecto: el 4% se ejecutó con rezagos al inicio y, salvo 2020, la ejecución rondó algo menos del 4% efectivo según la evolución del PIB, algo ampliamente discutido por observatorios presupuestarios; aun así, el salto presupuestario fue histórico, la matrícula en jornada extendida creció de forma acelerada y el paquete social se integró con mejor focalización. En términos de resultados macro, el país mantuvo ritmos de crecimiento altos en 2013–2019 con inflación contenida, y eso se tradujo en ingresos reales para los deciles bajos, una caída del Coeficiente de Gini y, sobre todo, una baja sostenida de la pobreza hasta antes del choque sanitario global. En suma: Danilo gobernó el tramo de “cielo despejado” y profundizó el lado social sobre una base macro ya estabilizada.

La llegada de Luis Abinader (2020-presente)

Luis Abinader asume el 16 de agosto de 2020 en medio de la peor recesión global en décadas. La “prueba financiera” de ese punto de partida es contundente: en 2020 el PIB real se contrajo 6.7% y el turismo (una de las locomotoras del país) prácticamente se paralizó. El Fondo Monetario destaca que la recuperación posterior fue una de las más rápidas de la región: 12.3% de rebote en 2021, moderación en 2022 y una desaceleración a 2.4% en 2023 por condiciones financieras globales y choques climáticos, pero con la inflación convergiendo al rango meta del Banco Central desde mayo de 2023. En paralelo, el déficit externo se estrechó a 3.6% del PIB en 2023 y se financió íntegramente con inversión extranjera directa, manteniendo acceso a mercados y reservas internacionales en niveles cómodos. Es decir: de una economía “quebrada” por pandemia, se pasó a una con inflación anclada, cuentas externas financiadas y crecimiento retomando impulso.

La recuperación del turismo simboliza esa resiliencia. En 2023 el país superó por primera vez los 10 millones de visitantes entre turistas aéreos y cruceristas, con impacto en divisas y empleo, un hito confirmado oficialmente por el Ministerio de Turismo/Presidencia. Ese récord no es un dato aislado: el FMI subraya “record travel receipts” en 2023 como factor clave del ajuste externo. En 2024–2025, el sector mantiene tracción, con República Dominicana liderando la región caribeña en llegadas acumuladas desde 2019 según comunicados oficiales y prensa internacional.

Del lado fiscal y financiero, el gobierno de Abinader ha instrumentado reformas de segunda generación pensadas para consolidar la estabilidad a mediano plazo. La promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (julio de 2024) fija una regla de crecimiento del gasto primario (inflación esperada +3 puntos) y un objetivo de deuda/PIB por debajo de 40% para 2035, algo que el FMI venía recomendando y que valora positivamente por su anclaje de expectativas.

Complementariamente, se aprobó la Ley 32-23 de Facturación Electrónica, que universaliza la e-factura entre 2024 y 2026 y cierra brechas de evasión, y se avanzó en una estrategia de manejo de deuda con instrumentos innovadores: en 2024 el país emitió un bono verde por US$750 millones y un tramo “peso-linked” por US$1,800 millones, al tiempo que recompró US$1,000 millones de bonos 2025, reperfilando vencimientos y reduciendo riesgos. El resultado: pese a la carga de intereses heredada y a un déficit algo mayor en 2023, la trayectoria de deuda es manejable y, de hecho, el propio FMI consigna que la deuda pública consolidada bajó de 71.1% del PIB en 2020 a 58.8% en 2022 y que el perfil continúa mejorando con la nueva regla fiscal y las operaciones de manejo de pasivos.

En paralelo, la política monetaria del Banco Central actuó con prudencia: tras el shock inflacionario global, la autoridad subió tasas oportunamente y luego comenzó a recortarlas en 2023 cuando la inflación volvió al rango meta; gestionó la volatilidad cambiaria con intervenciones discretas y mantuvo reservas en niveles adecuados. Es un elemento no menor: la coordinación fiscal-monetaria explica por qué la convergencia inflacionaria fue más rápida de lo previsto y por qué el mercado cambiario mantuvo la calma a pesar de diferenciales de tasas muy estrechos con la Fed. Desde la perspectiva de “prueba financiera”, esa convergencia y la estabilidad del tipo de cambio son indicadores duros de credibilidad macro.

Volviendo a Hipólito Mejía, su balance requiere matices: además de las leyes estructurales ya citadas (que marcan un antes y un después en seguridad social y en el marco bancario y antilavado), su administración empujó la negociación comercial con EE. UU. y Centroamérica; el DR-CAFTA, firmado en agosto de 2004 y con entrada en vigor para el país en marzo de 2007, terminaría siendo una plataforma relevante para la siguiente década de inversión y exportaciones. Pero la crisis bancaria fue tan profunda que opacó esos avances y elevó la pobreza, el desempleo y la inflación, dejando a su sucesor una tarea de rescate compleja y costosa. La lección histórica es que las reformas normativas no resisten fraudes masivos si la supervisión falla y si se elige socializar pérdidas bancarias sin un ancla creíble para las expectativas.

El análisis comparativo

¿Dónde queda Danilo Medina en este cuadro comparativo? Su mérito es haber convertido la estabilidad en oportunidades de movilidad social, especialmente mediante el aumento del gasto educativo y la ampliación de redes de protección. Los datos del FMI muestran la reducción de la pobreza como un logro verificable, y los del Banco Mundial dan cuenta de sistemas de focalización y pago (SIUBEN/ADESS) robustos que mejoraron la eficiencia del gasto social. La crítica posible —y documentada por observatorios— es que el 4% del PIB presupuestado no siempre se ejecutó íntegramente en términos “efectivos” de PIB nominal, y que persistieron retos de calidad en aprendizajes. Pero aun con esos matices, el sexenio 2013–2019 evidenció lo que puede hacer un país cuando la macro está en orden: crecer por encima de la región, atraer inversión y bajar la pobreza. En ese sentido, su gobierno aprovechó un “viento a favor” que otros no tuvieron.

La comparación final exige responder a una pregunta: ¿quiénes fueron los verdaderos protagonistas del progreso? Si se define progreso como elevar sostenidamente el nivel de vida, la respuesta obvia sería “todos”. Pero si se entiende progreso como la capacidad de evitar colapsos, resolver crisis y devolverle al país un horizonte de crecimiento y estabilidad cuando la confianza está hecha trizas, entonces los protagonistas son, sobre todo, quienes recibieron la economía en ruinas y la enderezaron. Leonel Fernández lo hizo en 2004–2007 con un paquete de estabilización duro y efectivo que restableció el crecimiento, bajó la inflación y reabrió el acceso a mercados tras la quiebra bancaria.

Luis Abinader lo ha hecho desde 2020 con una recuperación veloz tras una depresión sanitaria global, una consolidación fiscal institucionalizada con la Ley de Responsabilidad Fiscal, una estrategia de deuda más sofisticada y un turismo que rompió récords históricos. Son dos “rescates” distintos en naturaleza (uno financiero, el otro sanitario-macro) pero comparables en magnitud de la tarea y en sus resultados tangibles.

La evidencia numérica lo respalda. Tras la caída del PIB de 2003, la economía creció 9.4% en 2005 y 9.2% en 2006; la inflación retornó a un dígito; la banca fue recapitalizada bajo un nuevo marco regulatorio. Tras el -6.7% de 2020, el salto fue 12.3% en 2021; la inflación convergió al rango meta en 2023; el déficit externo se redujo a 3.6% del PIB y fue cubierto íntegramente con IED; la deuda pública, que se disparó durante la pandemia, volvió a una trayectoria descendente en 2022–2024 sostenida por reglas y operaciones de manejo de pasivos. Son “pruebas financieras” inequívocas de que hubo pericia técnica y liderazgo político en el manejo de crisis.

Esto no desmerece los avances de Medina ni ignora las leyes institucionales de Hipólito Mejía. Más bien, sitúa a cada uno en su circunstancia. Danilo amplió políticas sociales y de educación con resultados medibles en pobreza, pero lo hizo en el tramo menos accidentado del ciclo; Hipólito colocó piezas legales clave y empujó la apertura comercial, pero su periodo terminó bajo el peso de la peor crisis bancaria del país.

A Fernández y Abinader les tocó lo más difícil: reconstruir la estabilidad, rehacer expectativas y devolver la brújula a la economía cuando parecía extraviada. En ese sentido, ellos son los verdaderos protagonistas del progreso: los que llegaron con el país quebrado y, con una combinación de pragmatismo y disciplina, lo pusieron a crecer otra vez.

Si algo deja esta comparación es la importancia de la institucionalidad económica: reglas fiscales como las de 2024, marcos monetarios creíbles, supervisión financiera seria, focalización de subsidios y una apertura comercial con reglas claras. Esas son las vigas que permiten que, cuando vuelva a llover (por fraudes, pandemias o choques climáticos), la casa aguante. Y son también, en última instancia, el legado más duradero de quienes supieron gestionar la tormenta.