Probablemente yo no sea la persona más idónea para escribir sobre el tema en particular, puesto que no soy abogada y tampoco estudio alguna carrera afín.
En todo caso, me referiré sobre esto porque en los últimos dos años y medio me he concentrado en darle seguimiento al caso; he leído el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público; también he leído los documentos de las defensas, y está demás decir que he visto cada una de las audiencias a través de YouTube y otros medios de comunicación.
Antes de entrar en el desarrollo de mi punto de vista sobre lo que se ha denominado mediáticamente como «Caso Odebrecht», quiero decirle a mis lectores que no soy una mujer a la que entregan alguna clase de compensación económica para opinar sobre un tema en cuestión. Todo lo que digo o hago son mis propios argumentos y queda bajo mi única responsabilidad.
No ahondare mucho sobre el tema que todos conocen. El Ministerio Público desde el principio creó un expediente donde introdujo selectivamente a personas inocentes, algunos con renombre a nivel nacional.
Elaboró un expediente catastrófico contra 6 empresarios (algunos políticos) que con el desarrollo del juicio de fondo hemos podido constatar que la exjueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán (hoy Procuradora General de la República), tenía razón cuando dijo en su voto disidente, que dicho expediente tendría una dificultad probatoria contra los imputados:
«En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se precia una dificultad probatoria, que de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo, donde la prueba debe ser hecha para que no deje lugar a una duda razonable.»Miriam Germán Brito, actual Procuradora General de la República.
Eso hemos visto, y no es que se le esté haciendo difícil presentar pruebas al Ministerio Público, sino, más bien, que no las tiene. Algo que se hizo con la intención deliberada de perjudicar a personas inocentes no puede progresar.
Ahora vemos a un MP desesperado, que no solo está fracasando en la incorporación de las «pruebas», sino, que ninguno de sus testigos pudo dar fe de que se pagó sobornos. Más bien, parecían testigos a descargo; lo que hicieron fue testificar a favor de los imputados.
La desesperación del magistrado Wilson Camacho es tan grande, que llegó al punto de recusar a dos honorables juezas que integran el tribunal.
Les confieso que esa conducta me ha dado escalofríos. Camacho ha estado dando declaraciones en los medios de comunicación disfrazadas de triunfalismo; sin embargo, esto no es lo que ocurre en las audiencias. Este fiscal, que dirige el proceso de litigación, no se vislumbra derrotado, cualquiera que le observa refiriéndose al caso, pensaría que el Ministerio Público ha ganado el juicio, cuando en realidad ocurre todo lo contrario.
Lamento pedirle al señor Wilson Camacho que se de por vencido. No podrá probarle nada a los imputados, ni siquiera incorporando cualquier prueba que pueda tener; todos los acusados han mostrado pruebas fehacientes del origen de cada uno de sus bienes.
Dos de ellos, y para mí los más connotados son Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón
El primero es un famoso Ingeniero Civil con una reputación que le precede. Ha construido más de 100 grandes obras notables en el país. Ocupó importantes cargos en la administración pública y los ejerció con honor (no empleó a ningún miembro de su familia) y es uno de los seres humanos más nobles y honestos que tiene el país.
No es un filántropo, pero es un ser humano que siempre quiere ayudar.
A él le preocupan las angustias de sus conocidos. Lo admiro bastante y tiene mi respeto.
El segundo es Ángel Rondón, un ser humano muy apegado a la familia. Al igual que Víctor Díaz, Rondón tiene una hoja de vida incuestionable. Ha sido un hombre de negocios y representante de marcas por excelencia en la República Dominicana.
Sobre ellos recae un expediente mediático con el cual se ha pretendido mancillar su honor y el trabajo que han realizado toda su vida.
Pido al tribunal prestar mucha atención a la conducta del Ministerio Público, se percibe con desesperación.
¿Cree el magistrado Camacho que es el Ministerio Público quien tiene la última palabra y no el tribunal?
A juzgar por la falta de pruebas y el revés para incorporar algunas, se vislumbra un no ha lugar para todos los imputados.
