Venezuela es el peor país de América Latina en cuanto a lucha contra la corrupción se refiere, debido a la combinación de «cleptocracia» y «dictadura» que se da en la nación caribeña, mientras que Uruguay es el que más herramientas posee para combatir este flagelo, de acuerdo con el índice anual elaborado por el ‘think tank’ AS/COA.
El índice 2020 sobre la Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) en América Latina analiza quince países de la región en base a tres aspectos: la capacidad legal, el estado de la democracia y de las instituciones políticas y la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado.
Los responsables del CCC, el director de Política de AS/COA y editor de su revista ‘America’s Quarterly’, Roberto Simon, y Geert Aalbers, de la consultoría Control Risk, dividen el subcontinente en cuatro grupos.
El primero está formado por Uruguay (1º), Chile (2º) y Costa Rica (3º), que han tenido «vergonzosos casos de corrupción en los últimos años pero también han desarrollado mejores herramientas para lidiar con el problema».
A continuación están Brasil (4º), Perú (5º), Argentina (6º) y Colombia (7º), con un «clima anticorrupción variable» porque «han hecho avances sustanciales en algunas áreas pero en otras aún se enfrentan a desafíos importantes».
A la cola se sitúan México (8º), Ecuador (9º) y Panamá (10º), que «han tenido progresos solo en ámbitos limitados» y están por debajo de la media regional en muchos otros, y el cuarto grupo, «bastante por detrás del resto de América Latina en las áreas analizadas», integrado por Guatemala (11º), Paraguay (12º), República Dominicana (13º) y Bolivia (14º).
EL CASO VENEZOLANO
«Finalmente, como una dictadura clepotrocrática, Venezuela está en una categoría separada, aislada en el fondo del ‘ranking’ regional por segundo año consecutivo y con peores datos que el año pasado», recalcan.
Venezuela (15º) tiene una nota de 1,52, frente al 1,71 de 2019, sobre diez puntos. El aspecto peor valorado es su capacidad legal en la lucha anticorrupción, con un 0,88, seguido de la democracia y las instituciones (1,43) y de la sociedad, los medios y el sector privado (4,35).
El diagnóstico del ‘think tank’ es «un fallo sistémico» que achaca a la falta de transparencia del Gobierno de Nicolás Maduro y de independencia en las fuerzas de seguridad y el aparato judicial, aunque salva a la sociedad civil destacando el papel de la prensa independiente y las ONG, a pesar de «las muchas restricciones».
AS/COA advierte de que «la situación en Venezuela se sigue deteriorando», por lo que prevé «tiempos difíciles», incluso en el caso de que se produzca una «transición democrática», algo que considera «improbable».
«Entretanto, la crisis de la COVID-19, la presión de Estados Unidos y los episodios de rebelión seguirán aumentando la volatilidad política y, probablemente, conducirán a un Estado aún más fallido», sostiene.
Además, llama la atención sobre el hecho de que, si bien el autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela, Juan Guaidó, y su gabinete han denunciado la corrupción del ‘chavismo’, «miembros de la oposición también se han enfrentado a acusaciones de corrupción».
BRASIL Y MÉXICO, MOTIVO DE PREOCUPACIÓN
Simon y Aalbers también resaltan el caso de Brasil, con una nota de 5,52, frente al 6,14 del año pasado. Su sociedad, la prensa y el sector privado es lo mejor valorado (6,49), aunque suspende en democracia e instituciones.
El gigante suramericano «presenta una de las trayectorias más preocupantes de la región, con un descenso de un 10 por ciento» en el último año que es especialmente notable en el apartado de capacidad legal, con una caída del 14 por ciento.
Los investigadores culpan a una menor independencia de las fuerzas policiales y judiciales, mencionando en concreto la supuesta injerencia del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en la Policía Federal, tal y como denunció su ex ministro de Justicia y Seguridad Sergio Moro. En su opinión, esto ha tenido un «impacto negativo» en las investigaciones de los «delitos de cuello blanco».
México, con una nota de 4,55 que solo le da el aprobado en sociedad civil, prensa y sector privado (6,24), «también sirve de advertencia». Su presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió acabar con la corrupción y sigue siendo una de sus prioridades pero «en la práctica no ha cambiado mucho». «El país se ha estancado y sigue teniendo poca capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción», lamentan.
URUGUAY, EL MEJOR POSICIONADO
Uruguay es el país mejor puntuado. A la cabeza de la tabla, tiene un 7,78 y mantiene el notable en las tres categorías escrutadas. La clave de su éxito se basa en «fuertes mecanismos» de control en el sector público, unas «instituciones democráticas consolidadas» y «una sociedad civil activa y una prensa vigilante».
Simon y Aalbers admiten que el pequeño tamaño del país y su alto grado de desarrollo suponen «ventajas únicas» respecto a sus vecinos regionales, al tiempo que recuerdan que «el blanqueo de capitales ha sido históricamente una preocupación para Uruguay».
Asimismo, valoran que, a pesar de que en las elecciones presidenciales de 2019 Uruguay puso fin a los quince años de la coalición izquierdista Frente Amplio para dar paso a un Gobierno conservador integrado por varios partidos, no sufre la «profunda polarización» de otros país, lo cual es síntoma de una «democracia madura».
El ‘think tank’ también ensalza a Perú como «la historia más positiva del CCC 2020», con un un 5,47, lo que supone un repunte del seis por ciento. En su caso, aluden a «la agenda anticorrupción del presidente, Martín Vizcarra», que llegó al cargo tras la dimisión ‘in extremis’ de Pedro Pablo Kuczynski por el escándalo de Odebrecht.
LA AMENAZA DE LA PANDEMIA
Con todo ello, Simon y Aalbers concluyen que «la ola anticorrupción que había ganado fuerza en los últimos años en la región ha perdido fuelle y en algunos países ha retrocedido peligrosamente».
Les preocupa que este frenazo coincida en el tiempo con la pandemia de coronavirus, que ahora tiene en América Latina su principal foco, ya que la necesidad de movilizar recursos rápidamente para hacer compras masivas de insumos médicos y de lanzar grandes paquetes de estímulo económico pueden crear el caldo de cultivo perfecto para la corrupción.
«Desde la caída del ministro de Salud en Bolivia hasta las investigaciones contra el vicepresidente en Panamá, la COVID-19 no solo está propagando la enfermedad y el sufrimiento económico por América Latina, también los escándalos de corrupción», sostienen.
Así, lo más probable es que este «test sin precedentes para todos los países latinoamericanos» se resuelva con «más escándalos de corrupción», si bien creen que también «puede brindar la oportunidad para poner de nuevo el foco en las prácticas y políticas que realmente pueden marcar la diferencia en la lucha anticorrupción».
«Somos conscientes de que no hay una bala de plata capaz de mejorar drásticamente la capacidad de estos países para combatir la corrupción», asumen y defienden que «el progreso real solo se puede conseguir a través de avances duraderos y paralelos en el Gobierno, los negocios y la sociedad civil».
