RD en el centro del tablero

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, no vino a Santo Domingo a hacer turismo diplomático. Llegó con uniforme político y agenda militar: más aviones, más operaciones, más presencia de Washington en el Caribe, con República Dominicana como pivote operativo. El Gobierno dominicano, por su parte, ha abierto las puertas de zonas restringidas como la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas para reabastecimiento de aeronaves, traslado de equipos y personal técnico bajo el paraguas de la “lucha contra el narcotráfico”, en un acuerdo que se describe como técnico, limitado y temporal.

La narrativa oficial es clara: se trata de cooperación para enfrentar a los carteles, fortalecer capacidades de interdicción aérea y marítima y consolidar a República Dominicana como “principal aliado” de Estados Unidos en la región. Hegseth ha elogiado al país por multiplicar las incautaciones de drogas en los últimos años y presenta el modelo dominicano como ejemplo para otros gobiernos caribeños.

Pero detrás de los discursos y las fotos en el Palacio Nacional, vale la pena hacerse preguntas incómodas: ¿de verdad esto va solo de combate al narco? ¿O estamos entrando, sin decirlo abiertamente, en un tablero geopolítico mucho más grande?
Porque la visita de Hegseth no ocurre en un vacío. Llega en medio de la mayor escalada militar estadounidense en el Caribe en décadas, con despliegues adicionales de tropas y aeronaves, y con una campaña de ataques contra embarcaciones señaladas como narco en alta mar, que ya ha dejado decenas de muertos.

Al mismo tiempo, Washington mantiene una confrontación abierta con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que acusa de narcoterrorismo y vincula con estructuras criminales. ¿No es evidente que el Caribe se está convirtiendo en el cinturón de contención de esa disputa? ¿Y qué significa, en términos prácticos, que parte de ese cinturón se esté anclando en territorio dominicano?

La pregunta clave es: ¿por qué desde República Dominicana? La respuesta tiene varias capas. Primera: geografía. El país está en el corazón de las rutas marítimas y aéreas que conectan Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Segunda: estabilidad. Frente a otros escenarios más convulsos, República Dominicana ofrece infraestructura, puertos, aeropuertos y un clima político relativamente predecible. Tercera: alineamiento. La relación con Washington ha sido consistente, con altos niveles de cooperación en seguridad, comercio e inversión. Para Estados Unidos, operar desde aquí es estratégico; para el Gobierno dominicano, asociarse con la superpotencia trae beneficios tácticos claros en materia de equipo, inteligencia y respaldo político.

Pero la geopolítica siempre cobra factura. Si desde nuestra plataforma despegan aeronaves que participan en operaciones letales en la región, ¿quién asume la responsabilidad política y moral? ¿Se está midiendo el riesgo de que República Dominicana sea percibida, por actores estatales o no estatales, como parte de un dispositivo de guerra regional? En un momento en que varios países de América Latina advierten del peligro de una escalada militar y piden priorizar el diálogo, ¿queremos que el mapa nos muestre como base logística de esa presión?

El Gobierno insiste en que el acuerdo es temporal, acotado y enfocado exclusivamente en la lucha contra las drogas. Eso suena bien en un boletín de prensa, pero la ciudadanía merece algo más que frases tranquilizadoras. ¿Cuál es exactamente el contenido del convenio? ¿Qué duración tiene? ¿Qué límites operativos se han fijado en territorio dominicano? ¿Qué tipo de armamento pueden traer, qué reglas de enfrentamiento aplican, qué mecanismos de supervisión y rendición de cuentas existen si desde nuestras pistas se coordinan operaciones que terminen en muertes controvertidas en alta mar?

Este país ya sabe lo que es pagar el costo de decisiones tomadas a puerta cerrada en nombre de “la seguridad” y “el orden”. La lucha contra el narcotráfico es real, urgente y necesaria; nadie en su sano juicio quiere que las bandas sigan usando nuestro territorio como corredor. Pero precisamente por eso, porque la seguridad es un asunto serio, no puede manejarse como un cheque en blanco. La soberanía no se negocia con una rueda de prensa, se protege con transparencia, controles institucionales y debate público informado.

¿Dónde está el Congreso en esta conversación? ¿Se ha evaluado el acuerdo en comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores? ¿Han comparecido los ministros a explicar detalles, escenarios de riesgo, plan de salida? ¿Habrá informes periódicos sobre las operaciones realizadas con apoyo estadounidense desde bases dominicanas? Si el país asume riesgos, el país tiene derecho a conocerlos y a decidir si está dispuesto a asumirlos.

También hay una dimensión regional que no se puede ignorar. La República Dominicana ha cultivado por años una imagen de puente entre el Caribe, Centroamérica y América del Sur, de facilitador y no de incendiario. Convertirnos en eje operativo de un despliegue militar que muchos vecinos leen como preludio de conflicto con otro país de la región nos coloca en una posición delicada. ¿Queremos ser vistos como socio confiable en cooperación o como plataforma de presión militar? A veces, una misma decisión puede proyectar ambos mensajes, pero el matiz depende de cómo se explique y de qué salvaguardas se construyan alrededor.

Como medio de comunicación, nuestra hoja de ruta es clara: apoyar toda política seria y efectiva contra el crimen organizado, pero exigir, al mismo tiempo, transparencia, límites y respeto estricto a la soberanía nacional. No se trata de alimentar miedos ni de agitar fantasmas antiamericanos; se trata de hacer las preguntas que cualquier país responsable debe hacerse cuando una potencia militar instala parte de su dispositivo en su casa.

Hoy, la visita del secretario de Guerra se vende como un espaldarazo a la gestión dominicana contra el narcotráfico y como prueba del “liderazgo” del país en la región. Mañana, la historia que se cuente sobre este momento dependerá de lo que hagamos ahora: ¿seremos un socio firme que puso condiciones claras y defendió sus instituciones, o un invitado de piedra que aplaudió, posó para la foto y dejó que otros definieran su papel?

La seguridad no es gratis. La soberanía tampoco. Toca al Gobierno explicar, al Congreso fiscalizar y a la sociedad vigilar. Y toca a nosotros, como prensa, no dejar de preguntar.