A pesar de que en días pasados, Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, informó que a finales de este mes de septiembre se podría presentar el informe de la investigación especial realizada a 11 proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ejecutados por la empresa constructora Odebrecht, un voto disidente de un miembro, de los cinco que conforman el pleno, revela incumplimientos en la indagación para este dictamen.
Margarita Melenciano Corporán, miembro del pleno de la Cámara de Cuentas, emitió un voto contrario a la investigación que realizó esa institución, al considerar que hubo incumplimientos de disposiciones técnicas y legales, a cargo del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, y que no fueron observadas o detectadas por los auditores actuantes.
Melenciano Corporán solicitaba con su voto contrario a la investigación que la misma fuera desestimada.
Este voto, emitido en la sesión ordinaria del 11 de agosto de 2020, indica que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, “no presentaron los documentos o estudios referenciados con motivo de las respuestas o reacciones que se originaron por las recomendaciones que formularon los auditores de la Cámara de Cuentas de la República”.
De igual forma, las modificaciones o adendas de los contratos de las obras públicas investigadas constituyen una modificación a los pliegos de condiciones específicas, lo cual significa una violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Melenciano Corporán, también justifica el voto disidente a la investigación, al entender que las modificaciones o adendas a los contratos vulneran las disposiciones del artículo 127 del reglamento de la ley 340-06, “pues excede en más de un 25 % el monto contratado originalmente”.
“En consecuencia, que el informe no debe ser aprobado, debido a que, contrario a lo presentado por los auditores de la Cámara de Cuentas, en la contratación de las obras investigadas se aprecian violaciones al ordenamiento jurídico del Estado, y que las mismas comprometen la responsabilidad de las autoridades administrativas que contienen la atribución de velar por el control interno del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOCP)”.
Este voto fue rechazado por Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas; Pedro Ortiz Hernández, vicepresidente; Carlos Noé Tejada Díaz, secretario del pleno y Félix Álvarez Rivera, miembro, quienes no acogieron la petición de que se desestime la investigación que comprende las obras realizadas por la constructora Odebrecht del periodo entre el 7 de marzo de 2002 y el 14 de abril de 2014.
“Indicamos que cuando nos fue notificada la decisión adoptada por el pleno de la Cámara de Cuentas, en torno al caso, advertimos que nuestra posición había sido rechazada por el organismo; por lo que informamos al secretario general auxiliar que la decisión no debe expresar que rechazaba nuestro voto disidente, debido a que la facultad de aprobar o no una resolución del pleno de la Cámara de Cuentas es parte de nuestras funciones y que nuestras funciones y que nuestros pares no podían rechazar el voto disidente que habíamos ejercido en virtud de las disposiciones del párrafo IV del artículo 55 de la Ley No. 107-13”, expresa Melenciano Corporán en una comunicación haciendo referencia a la ley de procedimientos administrativos.
Corrigiendo la decisión
Asegura en el documento, con fecha del 1 de septiembre de este año, que el secretario general auxiliar, Eduardo Luna Vilorio, procedió a subsanar el error, corrigiendo la decisión.
Indica en el documento que a pesar que el pleno de la Cámara de Cuentas, celebrado el 18 de agosto de 2020, conocía el informe de la investigación especial, el informe legal y el proyecto de resolución, la decisión contenida en el acta de referencia: PL-2020-017, constancia DEC 2020-113, la decisión fue sobre un tema distinto al presentado a saber que “mediante la emisión de dos decisiones, lo que resulta violatorio de la ley; una iba dirigida a mi voto disidente DEC-2020-112, y la otra, DEC-2020-113, a la decisión de los demás miembros, enviando el informe a la dirección de Auditoría”.
Melenciano Corporán destaca en el documento que su voto “no iba contra la opinión legal, iba contra el segundo informe presentado por la Dirección de Auditoria y, por vía de consecuencia, contra los demás documentos relacionados al mismo”.
“La mayoría de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas decidieron sobre un tema que no fue deliberando ni votado, lo que constituye una violación constitucional y legal del proceso, que afecta mi voto disidente, porque no iba dirigido a la opinión legal, sino a la resolución que aprobaría el informe de la investigación especial, que al final no fue decidido, procediendo a remitir el asunto a la dirección de Auditoria. Estamos frente a una situación irregular por lo que solicitamos al pleno de la Cámara de Cuentas de la República que declare la nulidad de las decisiones sobre el conocimiento del informe”, sostiene en la comunicación.
Dentro de las obras que abarca esta investigación están la Carretera de Casabito, Corredor Duarte I, Autopista del Coral, Circunvalación de La Romana, Carretera El Río-Jarabacoa, Carretera Cibao-Sur, Carretera Bávaro-Miches, Corredor Duarte II, Ecovía de Santiago, Boulevard Turístico del Este y Circunvalación San Pedro de Macorís.
Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas informó a principios de mes, en una entrevista en un programa de televisión que para los trabajos de campo en la investigación se asistieron de un auditor internacional experto en obras de Odebrecht, el cual fue enviado por el Contralor General de la República del Perú, Nelson Shack Yalta.
En la misma entrevista indicó que esta investigación contó con el proceso normal de auditoría que va de tres a cinco meses para su realización y tiene un costo aproximado de 500 mil pesos.
SEPA MÁS
Semanas de discussion
Álvarez Pérez dijo que llevaban varias semanas discutiendo el informe porque habían supuestos hallazgos civiles administrativos. “Es motivo de discusión en el Pleno, ya tenemos varias semanas, porque hay supuestos hallazgos de carácter civil administrativo e inclusive hay miembros del Pleno que consideran que hay violaciones de carácter penal”.
