Santo Domingo. – Las condenas judiciales contra establecimientos de salud continúan en aumento, generando preocupación tanto en el ámbito público como privado, así como entre los profesionales médicos y las autoridades sanitarias. Este crecimiento se ha vinculado principalmente a casos de mala práctica médica y deficiencias en la bioseguridad del paciente. Recientemente, se ha destacado el caso del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), que fue condenado a pagar una indemnización de 15 millones de pesos a los familiares de una paciente, sumándose así a una serie de fallos similares.
Los casos recientes de condenas judiciales incluyen al hospital de Traumatología Ney Arias Lora, la Clínica Corazones Unidos, el Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (CECIP) y CEDIMAT. Estas condenas han involucrado indemnizaciones millonarias destinadas a compensar a pacientes y familiares que han sido víctimas de errores médicos, lo que ha generado una amplia preocupación en la sociedad dominicana sobre la calidad de la atención médica y la seguridad de los pacientes en los establecimientos de salud del país.
Ante esta situación, diversos actores del sector de la salud, incluyendo ejecutivos de centros de salud, el Colegio Médico Dominicano (CMD) y médicos especialistas, han expresado su inquietud y han llamado a una reflexión profunda sobre las causas y las medidas necesarias para prevenir y abordar la mala práctica médica. Arismendy Díaz Santana, experto en seguridad social y presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos, ha instado a evitar politizar estas demandas y ha enfatizado la importancia de cumplir estrictamente con los protocolos establecidos para proteger los derechos de los pacientes y garantizar la seguridad del personal médico y de las instituciones de salud.
Según Díaz Santana, la mala práctica médica se produce cuando un paciente sufre daños graves a su salud o vida debido al incumplimiento de los protocolos de atención médica. No se trata simplemente de si el paciente se recuperó o no, sino de si se siguieron adecuadamente los estándares de cuidado médico establecidos por las autoridades sanitarias. A pesar del riesgo de abuso legal, Díaz Santana subraya que la impunidad frente a la mala praxis no puede ser tolerada y que es necesario encontrar un equilibrio entre evitar la excesiva judicialización y garantizar la seguridad y la integridad de los pacientes.
En cuanto a los casos específicos de condenas judiciales, se destaca la reciente sentencia contra CEDIMAT, que deberá pagar una indemnización de 15 millones de pesos a los familiares de una paciente debido a mala práctica médica. Asimismo, el Hospital Ney Arias Lora fue condenado a indemnizar con 10 millones de pesos a un paciente afectado por una infección que resultó en la amputación de una pierna. Además, la Clínica Corazones Unidos fue obligada a pagar más de 6 millones de pesos en dos casos de mala práctica médica, mientras que el cirujano plástico Asmin Aquino Rodríguez y el Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (CECIP) fueron condenados a una multa de 2 millones de pesos y un mes de prisión por un caso similar.
Estas condenas, que involucran sumas significativas de dinero y en algunos casos sanciones penales, subrayan la gravedad de los problemas relacionados con la calidad y la seguridad de la atención médica en República Dominicana. Es evidente la necesidad de tomar medidas urgentes para mejorar los estándares de práctica médica, fortalecer los controles de calidad y promover una cultura de seguridad del paciente en todos los niveles del sistema de salud del país.
