Uno de las peores lacras de la historia constitucional dominicana radica en el hecho de que la Constitución dominicana ha sido sometida a 39 reformas, una gran parte de las cuales ha tenido como objetivo modificar el período de mandato presidencial para permitir la prolongación en el poder del gobernante de turno.
En julio del año 2019 el hoy presidente Luís Abinader marchó en contra de la posible reforma introducida por el entonces presidente Danilo Medina, respaldando con ello las declaraciones del secretario Mike Pompeo, cuando refirió “que se preservaran las instituciones democráticas y se respetara el Estado de Derecho y la Constitución, particularmente en el período previo a las elecciones del año 2020”.
Abinader se sumó a un movimiento que inició el ex presidente Leonel Fernández, para evitar que la modificación constitucional sirviera para habilitar una nueva repostulación presidencial. A este rechazo se sumaron Hipólito Mejía y Milagros Ortiz Bosch, llamando a protestar frente al Congreso, para evitar un “clima de inestabilidad, caos y anarquía” reafirmando todos su “estricto apego a los propósitos constitucionales.”
¿Qué ha hecho cambiar de opinión al presidente Luis Abinader? ¿Para qué quiere modificar la Constitución, luego de oponerse en forma radical a ese despropósito hace apenas tres años? La explicación es política, porque ninguna reforma de la Constitución es “políticamente neutral”. Alguien gana y alguien pierde.
¿Facilitar la reelección?
El ex presidente Juan Bosch hizo popular en el país la expresión de que en la política “hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven”, frase que se completaba con la idea de que, generalmente, las “cosas que no se ven” son más importantes y relevantes que las “cosas que se ven”.
Bosch simplemente quiso que los dominicanos no nos dejáramos engañar por las apariencias y los discursos políticos. La idea es que busquemos las causas reales, las verdaderas intenciones y propósitos de las actuaciones, estrategias, acciones y movimientos en la política.
La explicación de lo que realmente busca el presidente Abinader con su propuesta de reforma constitucional no deja de ser vinculado a lo que recientemente dijo la ex senadora Milagros Ortiz Bosch, cuando sugirió que la reforma a la Carta Magna debía aprovecharse para reducir el porcentaje de votos necesarios para ganar la presidencia en una primera vuelta electoral.
Aunque Abinader dijo en la feria de FITUR que rechazaría cualquier modificación de lo relativo al mandato presidencial y al porcentaje necesario para ganar en la primera vuelta, el desgaste en la popularidad del gobierno y la reducción de las intenciones de voto del mandatario, de cara a las elecciones del 2024, que vienen evidenciando varias encuestas y estudios privados, parecen otorgarle sentido a lo propuesto en enero pasado por Ortiz Bosch. La intención de votos para el presidente Abinader sigue bajando y todo indica que no va a ganar en una primera vuelta.
Una asamblea revisora de la Constitución que se “salga de control”, bajo el infeliz alegato de que es “soberana” -como estarían balbuceando algunos constitucionalistas contratados para dar opiniones-, sería capaz de aprobar -con una mayoría mecánica que se estaría tratando de armar “convenciendo” a legisladores de la oposición-, el más inusitado de los despropósitos.
Fortalecer el Ministerio Público.
Crear un Ministerio Público independiente es, según el propio Gobierno, el principal propósito de la reforma de la Constitución. Se cambiarían los nombres del Procurador General de la República por el de Fiscal General, así como el de los demás procuradores adjuntos y de las cortes.
Pero también, se pretende que el Procurador General de la República no forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que se viene planteando desde la humillación pública de que fuera objeto la entonces jueza Miriam Germán a manos del entonces procurador Jean Alain Rodríguez.
Una de las falencias del anteproyecto de reforma es que, si bien busca quitarle al Poder Ejecutivo la potestad de designar el procurador/a, no dice quién sería el responsable de hacerlo, dejándolo en manos de la ley. Es decir, se estaría “desconstitucionalizando” la forma de designación de la máxima representación del Ministerio Público, dejándolo en manos del legislador ordinario establecer quién tendrá esa competencia.
El alegado interés de dotar de independencia al Ministerio Público choca con la realidad de que es la propia Constitución, en su artículo 170, la que le otorga a ese ente constitucional la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria necesaria para cumplir sus funciones con independencia del resto de los poderes públicos, como también ha reconocido el Tribunal Constitucional.
¿Para que reformar la Constitución en medio de una gran crisis económica mundial, si el actual Ministerio Público ha demostrado que ejerce sus funciones de manera independiente en cumplimiento de la propia Carta Magna? El afán oficial por imponer una reforma constitucional, cuando el país tiene tantos problemas de inflación, desempleo, criminalidad, salud y transporte, debe alertar a la oposición y a la sociedad civil no vinculada al gobierno, deja claro que, tras este esfuerzo del gobierno, como alguna vez dijo el autor de La Mañosa, hay “cosas que no se ven”.
Si la reforma constitucional se impone, a pesar del rechazo de la oposición, quedarán evidenciadas los propósitos, motivos y objetivos que hoy no se ven. Ya se verá lo que se busca con esta reforma.
