SANTO DOMINGO.— Residentes de Costa Verde protestaron el sábado 24 de octubre en la entrada de la urbanización para exigir que el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) asuma sus responsabilidades municipales en el sector. La movilización estuvo motivada por una construcción que, según denunciaron, exhibe un letrero con permisos del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste (ASDO).
Los comunitarios cuestionaron que esa alcaldía autorice obras en un territorio que reclaman como parte del Distrito Nacional. También pidieron que se respete el límite de dos niveles aprobado en tres asambleas vecinales, una disposición que consideran necesaria para preservar el carácter residencial de la urbanización.
Reclaman respeto a los acuerdos comunitarios
De acuerdo con la información suministrada por los residentes, la restricción de altura busca evitar una mayor presión sobre el espacio disponible y proteger la calidad de vida del sector. Sostuvieron que las nuevas edificaciones deben ajustarse a las normas correspondientes y a los acuerdos adoptados por la comunidad.
La arquitecta Digna Martin, residente en Costa Verde, reclamó que los permisos y las disposiciones aplicables sean los de Planeamiento Urbano del Distrito Nacional. Solicitó a las instituciones actuar conforme a las normas que rigen la demarcación.
Los antecedentes del reclamo territorial
La comunidad fundamenta su petición en el artículo 2 de la Ley 163-01, que sitúa parte del límite occidental del Distrito Nacional sobre el límite oeste de Costa Verde. También cita una certificación del Senado, emitida en noviembre de 2017, que ratifica la pertenencia de la urbanización a esa demarcación.
Los residentes incluyen entre los antecedentes las sentencias TC/0172/23 y TSE/0004/2025. Esta última ordenó a la Junta Central Electoral incorporar a Costa Verde a la circunscripción 1 del Distrito Nacional para garantizar los derechos electorales de sus habitantes.
Cuestionan diferencias entre las instituciones
La adecuación de la cartografía electoral del sector fue aprobada por la JCE en su sesión administrativa del 17 de junio de 2026. El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, también había respaldado el reclamo comunitario durante una visita realizada en marzo de 2025.
Pese a esos antecedentes, los manifestantes afirman que el ADN sigue sin asumir la administración municipal que le reclaman. Señalan que esta situación contrasta con el reconocimiento del sector por parte de las autoridades electorales, la Fiscalía del Distrito Nacional y su representación senatorial.
Señalan cambios en los informes municipales
Otra de las denuncias se refiere a los documentos de rendición de cuentas del cabildo. Según los comunitarios, Costa Verde aparece en el informe correspondiente a 2023, pero fue excluida del listado y del mapa incluidos en el de 2024. Solicitaron una explicación sobre esa diferencia.
El abogado Aquiles Machuca sostuvo que las instituciones públicas y privadas deben actuar conforme a la delimitación legal. Como respaldo de su posición, invocó la Ley 163-01 y las sentencias TC/0172/23, del Tribunal Constitucional, y TSE/0004/2025, del Tribunal Superior Electoral.
Piden servicios y continuidad al reclamo
Sergio Hernández Díaz, miembro de la comunidad, expresó que el reconocimiento territorial debe traducirse en atención municipal. Entre las necesidades mencionó el remozamiento del parque, el mantenimiento del malecón y la colaboración del ayuntamiento para conservar y mejorar las condiciones del sector.
María Pérez manifestó que las protestas continuarán de manera pacífica hasta obtener una respuesta a sus exigencias. Nelson Ventura, por su parte, recordó que retomaron las gestiones en 2017 y aseguró que han transcurrido 3,312 días de reclamaciones, acompañadas de publicaciones en distintos medios de comunicación.
Una comunidad con espacios que preservar
Según los datos aportados por sus representantes, Costa Verde tiene más de seis décadas de historia y está organizada en seis calles horizontales y tres verticales. Dispone de un único acceso de entrada y salida, con una garita de seguridad.
La comunidad también cuenta con un parque de aproximadamente 4,000 metros cuadrados, un malecón de 230 metros lineales y otro espacio costero tipo mirador de unos 15 metros. Los residentes vinculan su defensa de las normas de construcción con la preservación de estas áreas y del entorno residencial.