La pérdida de identificación con los partidos, el costo de la vida y los elevados niveles de abstención electoral exponen una transformación en la relación de los dominicanos con la política. El desafío ya no consiste únicamente en conquistar votos, sino en recuperar la confianza de una ciudadanía cada vez más distante de las estructuras tradicionales.
La política dominicana atraviesa una contradicción que merece atención. Los partidos conservan sus estructuras, celebran actos multitudinarios, movilizan dirigentes y mantienen una presencia constante en los medios de comunicación. Sin embargo, una parte considerable de la población parece observar esa actividad desde lejos. La encuesta de ACD Media, realizada del 9 al 11 de octubre de 2026, establece que el 59.9 % de los consultados no simpatiza con ninguna organización política. Otro dato resulta igualmente significativo: el 68.9 % expresa poca o ninguna confianza en los partidos. No se trata de cifras equivalentes, pero ambas describen una relación deteriorada entre las organizaciones y los ciudadanos a quienes aspiran representar.
Ese distanciamiento modifica las condiciones de la competencia electoral. Durante décadas, la identificación partidaria constituyó uno de los principales mecanismos de movilización en la República Dominicana. El vínculo con una organización frecuentemente trascendía las elecciones y se extendía a las relaciones familiares, comunitarias e incluso laborales. Hoy, la ausencia de simpatía declarada sugiere un electorado menos comprometido con las siglas y potencialmente más dispuesto a evaluar candidaturas según las circunstancias. Esto no significa que los partidos hayan perdido su capacidad de movilización ni que todos los ciudadanos independientes estén descontentos. Significa que la lealtad partidaria ya no puede darse por descontada.
La economía detrás del malestar
Sería insuficiente atribuir este fenómeno exclusivamente a los escándalos políticos o a las disputas entre dirigentes. La percepción sobre el funcionamiento de la democracia también se construye en los hogares. Para una familia que enfrenta dificultades para completar la compra del supermercado, pagar el transporte o cubrir el servicio eléctrico, los indicadores de crecimiento económico pueden resultar poco convincentes si no se traducen en una mejora de su capacidad adquisitiva. Los subsidios estatales contribuyen a contener determinados costos, pero su existencia no impide que persistan las presiones sobre el presupuesto familiar.
La situación resulta especialmente delicada para una clase media que, aunque dispone de ingresos regulares, debe distribuirlos entre compromisos cada vez más exigentes. En los sectores populares, el problema adquiere otra dimensión: empleos informales, salarios limitados y una elevada dependencia de servicios públicos cuya calidad varía considerablemente entre territorios. Estas condiciones no conducen necesariamente a la abstención, pero ayudan a comprender por qué una parte de la ciudadanía puede mostrarse escéptica ante promesas que escucha repetidamente sin percibir cambios suficientes en su entorno.
El abstencionismo como señal política
Las elecciones presidenciales de mayo de 2024 dejaron una evidencia que ninguna organización debería ignorar: aproximadamente el 45.6 % del padrón no acudió a votar. En Santiago, la abstención alcanzó el 52.26 %, mientras que en el Distrito Nacional fue del 41.65 %. Las diferencias territoriales impiden reducir el fenómeno a una explicación única. Tampoco sería correcto interpretar cada ausencia como un rechazo deliberado al sistema. Existen factores logísticos, económicos y personales que influyen en la participación. Precisamente por esa complejidad, la Junta Central Electoral promovió un estudio especializado sobre las causas socioculturales, políticas y operativas del abstencionismo, presentado en septiembre de 2026.
Hay, además, un problema de representación que merece examinarse. Un candidato puede obtener una mayoría amplia entre quienes depositan su voto y, al mismo tiempo, recibir el respaldo directo de una proporción mucho menor del electorado inscrito. Esto no cuestiona la legalidad ni la legitimidad institucional de su elección, pero introduce una diferencia importante entre victoria electoral y alcance social del mandato. Cuando la participación disminuye, esa distancia adquiere mayor relevancia para el análisis político.
Ni los partidos tradicionales ni la popularidad digital
El desgaste de las organizaciones establecidas tampoco garantiza el surgimiento de una alternativa capaz de capitalizar el descontento. La expansión de las plataformas digitales ha convertido a comunicadores, activistas y creadores de contenido en figuras reconocibles, algunas con aspiraciones políticas. No obstante, reconocimiento público y confianza para gobernar son cosas distintas. La encuesta de ACD Media de octubre de 2026 señala que el 35.8 % de los entrevistados estaría dispuesto a votar por figuras provenientes del entorno digital. El dato revela una apertura que convive con reservas importantes sobre ese tipo de liderazgo. La exposición mediática puede facilitar el acceso al debate público, pero administrar recursos, dirigir instituciones y formular políticas exige capacidades que deben evaluarse por separado.
La representación no se recupera con propaganda
La cuestión de fondo es hasta qué punto los partidos están preparados para responder a una ciudadanía cuya relación con la política ha cambiado. El PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD cuentan con estructuras territoriales, experiencia electoral y mecanismos de organización que siguen siendo relevantes. Pero esos activos no resuelven automáticamente las demandas de renovación, transparencia y resultados. Un sistema de partidos puede mantener su fortaleza organizativa mientras pierde identificación social. La diferencia entre ambas realidades explica por qué las concentraciones multitudinarias y la actividad proselitista no bastan, por sí mismas, para medir la confianza ciudadana.
La República Dominicana dispone de una continuidad institucional y electoral que debe preservarse, aunque esa estabilidad no debería confundirse con satisfacción ciudadana. El creciente número de personas que no se identifica con ninguna organización representa un desafío para quienes gobiernan y para quienes aspiran a sustituirlos. Recuperar la confianza implica mejorar la rendición de cuentas, abrir espacios de participación y demostrar resultados en asuntos concretos, desde los servicios públicos hasta las oportunidades económicas. De cara al ciclo electoral de 2028, la interrogante principal no es solamente hacia qué partido podrían desplazarse los votos, sino cuántos ciudadanos encontrarán motivos suficientes para participar. El votante en huelga no necesariamente ha renunciado a la democracia; puede estar esperando que la política vuelva a ofrecerle razones para involucrarse.
