Santo Domingo, República Dominicana. — Cada semestre, miles de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) encuentran entre los conceptos de sus recibos de inscripción un cargo de 25 pesos destinado a enfermedades catastróficas. El aporte, identificado con el código ENFC, forma parte de los pagos universitarios desde hace años. Sin embargo, la información pública disponible no permite determinar con claridad qué beneficios ofrece, cómo se administran los recursos recaudados ni cuántos estudiantes han recibido asistencia a través de este mecanismo.
La existencia del cobro está documentada en el propio sistema de pagos de la universidad. Los comprobantes correspondientes a distintos períodos académicos, incluidos los de 2025 y 2026, mantienen la partida bajo la denominación de enfermedades catastróficas. Lo que no aparece explicado en esos documentos es si el aporte constituye una cobertura de seguro, un fondo de asistencia económica o un mecanismo de solidaridad destinado a financiar tratamientos médicos extraordinarios.
La diferencia resulta importante. Una póliza de seguro establece condiciones de cobertura, exclusiones y obligaciones específicas, mientras que un fondo de asistencia puede funcionar mediante solicitudes sujetas a evaluación y disponibilidad presupuestaria. Hasta el momento, no se ha identificado en la documentación pública consultada un reglamento específico que permita establecer cuál de estas modalidades corresponde al cobro realizado a los estudiantes.
Una inquietud que viene desde hace una década
Las preguntas sobre estos recursos tienen antecedentes públicos. En 2016, durante una jornada de entrega de carnés del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) a estudiantes de la UASD, el entonces presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), Ambiórix Rosario, se refirió al dinero que la universidad descontaba semestralmente para enfermedades catastróficas.
Según publicó el periódico Hoy, el dirigente sostuvo que la institución recaudaba aproximadamente cuatro millones de pesos por ese concepto y reclamó que los fondos estuvieran disponibles para los universitarios. Aquellas declaraciones pusieron sobre la mesa una cuestión que, diez años después, continúa siendo pertinente: conocer qué ocurre con el dinero aportado por los estudiantes y bajo cuáles circunstancias puede utilizarse.
La cifra mencionada por Rosario correspondía a su declaración de entonces y no constituye un balance financiero verificado. Tampoco permite establecer cuánto dinero ha ingresado desde aquella fecha, porque para ello sería necesario conocer la cantidad de estudiantes que efectivamente pagaron el cargo en cada período, las posibles exenciones y los registros contables de la universidad.
El tiempo transcurrido aporta una dimensión adicional al asunto. Un estudiante que haya cursado diez semestres ordinarios, pagando el concepto en cada uno, habría aportado 250 pesos. Individualmente puede parecer una cantidad reducida, pero su dimensión colectiva depende de la matrícula sujeta al cobro. Si 100,000 estudiantes pagaran los 25 pesos durante un semestre, la recaudación teórica alcanzaría 2.5 millones de pesos. Se trata únicamente de un ejercicio ilustrativo, no de una estimación oficial de los ingresos obtenidos por la UASD.
Los acuerdos con SeNaSa no despejan las dudas
En septiembre de 2024, la UASD y SeNaSa suscribieron un acuerdo de colaboración destinado a facilitar la cobertura médica de estudiantes activos y sus familiares mediante el Régimen Subsidiado. La iniciativa contempló jornadas de afiliación y entrega de carnés, además de acceso a servicios de salud para quienes reunieran las condiciones establecidas.
No obstante, ese convenio corresponde a un mecanismo de protección sanitaria distinto del cargo ENFC. La información institucional divulgada sobre el acuerdo con SeNaSa no establece que los 25 pesos cobrados por enfermedades catastróficas financien la afiliación al régimen subsidiado, ni explica si existe alguna relación administrativa o presupuestaria entre ambos programas.
Este aspecto adquiere relevancia porque no todos los estudiantes necesariamente reúnen las condiciones para incorporarse al Régimen Subsidiado. La universidad tendría que precisar si quienes cuentan con otro seguro de salud también pueden solicitar asistencia con cargo a los recursos aportados por enfermedades catastróficas, así como los requisitos aplicables a quienes no poseen cobertura médica.
¿Quién administra el dinero y cómo se utiliza?
La principal interrogante no gira únicamente alrededor de cuánto recauda la universidad, sino del funcionamiento del mecanismo que justifica el cobro. Para conocerlo sería necesario identificar la resolución que lo estableció, la dependencia responsable de administrar los recursos y los procedimientos mediante los cuales se autorizan eventuales ayudas económicas.
También resulta fundamental determinar si existe una cuenta o partida presupuestaria diferenciada, si los ingresos no utilizados permanecen disponibles para períodos posteriores y cuáles son los criterios para seleccionar a los estudiantes beneficiarios.
Otra información de interés público es la cantidad de solicitudes de asistencia recibidas, aprobadas y rechazadas durante los últimos años, así como los montos desembolsados. Esos datos permitirían evaluar el alcance real del mecanismo sin divulgar expedientes médicos ni comprometer la privacidad de los estudiantes.
La falta de documentación específica localizada en las fuentes públicas consultadas no demuestra que los recursos hayan sido utilizados irregularmente ni que el programa carezca de beneficiarios. Significa que, con la información examinada, todavía no es posible reconstruir de manera verificable el recorrido del dinero, desde su recaudación hasta su eventual utilización.
Un asunto de transparencia universitaria
La UASD, en su condición de universidad pública y autónoma, cuenta con mecanismos institucionales de acceso a la información. La Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública permite solicitar documentos administrativos y financieros, con las excepciones previstas por la propia legislación.
A través de ese procedimiento pueden requerirse las disposiciones que autorizan el cobro, los estados de ingresos y egresos relacionados con enfermedades catastróficas, los balances disponibles y los informes estadísticos de las asistencias concedidas. La normativa establece un plazo ordinario de quince días hábiles para responder, prorrogable excepcionalmente por otros diez cuando concurran las condiciones legales.
Publicar periódicamente esa información permitiría conocer el funcionamiento del fondo o programa, despejar dudas sobre su cobertura y ofrecer a los estudiantes una vía clara para solicitar ayuda en situaciones de salud especialmente graves. También contribuiría a distinguir los servicios prestados mediante SeNaSa de aquellos que pudieran financiarse directamente con recursos universitarios.
Después de tantos años de cobros documentados y de al menos un reclamo estudiantil registrado públicamente desde 2016, persiste una pregunta que merece una respuesta sustentada en documentos: ¿cuánto dinero ha recibido la UASD por concepto de enfermedades catastróficas, cómo lo ha utilizado y cuántos estudiantes se han beneficiado?
La respuesta no depende de la cuantía individual del aporte. Incluso cuando se trata de 25 pesos por semestre, la transparencia sobre su administración y la claridad de los derechos asociados al pago son asuntos de interés para toda la comunidad universitaria.
