La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene programado conocer este lunes, a partir de las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción incoada contra 25 personas señaladas en la denominada Operación SeNaSa 2.0-A. El grupo está acusado de conformar una red de corrupción y desfalco en perjuicio del Seguro Nacional de Salud.
El órgano de persecución penal depositó una acusación formal sostenida en más de 500 páginas de elementos probatorios, documentales y testimoniales. Ante la magnitud de las pesquisas y la cantidad de encartados, el Ministerio Público ha solicitado de manera formal la imposición de 18 meses de prisión preventiva para la totalidad de los imputados, junto a la declaratoria de tramitación compleja del proceso.
Entre los procesados figuran 20 profesionales de la salud, acompañados por cinco empleados y exempleados de la entidad estatal. Según las investigaciones encabezadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el entramado aprovechaba sus posiciones y accesos al sistema para cometer las irregularidades sin levantar sospechas inmediatas.
El esquema fraudulento operaba mediante la facturación recurrente de consultas y procedimientos médicos ficticios que nunca llegaron a realizarse a los afiliados. Asimismo, los peritos del órgano fiscalizador detectaron el uso de sellos médicos falsificados, la alteración de recetas para la extracción ilegítima de medicamentos y el reclamo de cobros duplicados por servicios inexistentes.
Para la ejecución de las órdenes de arresto y el levantamiento de evidencias, las autoridades desplegaron un operativo simultáneo que incluyó 37 allanamientos en distintos puntos del país. Las intervenciones se concentraron en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, logrando incautar equipos informáticos, expedientes médicos alterados y sellos vinculados a la maniobra comercial.
De acuerdo con las estimaciones preliminares presentadas por la fiscalía, el daño económico ocasionado al Estado dominicano en esta etapa del proceso supera los 40 millones de pesos. No obstante, las autoridades advirtieron que la auditoría financiera continúa abierta, por lo que el monto total defraudado podría incrementarse conforme avancen las investigaciones.
El pliego acusatorio atribuye a los encartados la comisión de tipos penales graves, entre los que destacan asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado, falsificación de documentos públicos y privados, desfalco y lavado de activos. De ser hallados culpables, los implicados enfrentarán penas que conllevan varios años de reclusión en un establecimiento penitenciario.
La Operación SeNaSa 2.0-A constituye una nueva fase en las indagatorias que lleva a cabo el órgano acusador sobre las operaciones internas de la administradora de riesgos de salud. Con la audiencia fijada para este lunes, el tribunal dará inicio a la etapa formal del juicio de medida cautelar, donde se determinará si los acusados esperarán el avance del proceso judicial en libertad o bajo prisión preventiva.
