Investigaciones que lleva en marcha el Ministerio Público relacionado con al entramado de corrupción establecido en el Caso Coral, afirman que el coronel policial Rafael Núñez de Aza, uno de los implicados clave, fue director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani).
En este detalle se explica que el oficial sí ocupo esa posición, no en su formallidad, pero sí en la práctica, y que el caso fue descubierto en la investigación que se está realizando ahora, por lo que no salió a relucir en la información oficial.
Durante el gobierno de Danilo Medina han sido directora del Conani, Kirsys Fernández, Greybby Cuello Coste, quien anteriormente estaba en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), y Kenia Lora, quien paso de Conani a dirigir el Inaipi.
Además de Conani, el coronel Núñez de Aza fue director financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR)y del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), donde, según consta en la solicitud de medida de coerción en contra de los implicados en el entramado de corrupción, hubo problemas en la nomina.
Mientras tanto, fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dicción de Persecución continuaron realizando allanamientos y ocupando o bienes ligados a la red, a la que le atribuye su liderazgo al mayor general Adán Cáceres Silvestre.
Los fiscales rastrearon en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo en busca de bienes muebles e inmuebles propiedad de la organización societaria militar-religiosa, que “mediante maniobras fraudulentas logró acumular bienes por más de 3 mil millones de pesos bajo el manto del poder, según el Ministerio Público”.
Las pesquisas incluyeron el sector de Los Ríos, en el Distrito Nacional y Nuevo Amanecer en Santo Domingo Oeste, incluyendo un taller de la calle Gauyubín de Los Ríos, en busca de un vehículo perteneciente a la red.
El pasado jueves, los fiscales se incautaron de fincas de cacao en la carretera de Camarón, en Los Botados, Yamasá, de Monte Plata, y una finca de auyama y chinola de 249 tareas de un terreno a nombre de uno de los imputados, entre otras propiedades.
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Los imputados
Entre los involucrados figuran, además de Cáceres Silvestre y Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán, el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.
Contra los cinco primero, la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó prisión preventiva por un periodo de 18 meses para ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, mientras que en contra del último se ordenó arresto domiciliario.
